El Consejo de Política Fiscal y Financiera asumió hoy las demandas planteadas por Canarias en los últimos meses, especialmente la referida a la devolución el próximo año de las cantidades ingresadas de más en concepto de financiación autonómica del ejercicio 2020, con lo que la Comunidad Autónoma evita el abono de entre 430 y 450 millones de euros, según dijo hoy el vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez.

El vicepresidente, que participó telemáticamente en el Consejo, destacó al finalizar la reunión que Canarias ha alcanzado los objetivos que se había marcado en los últimos meses en materia de política financiera y que los acuerdos alcanzados despejan el camino para la elaboración de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el próximo año.

A este respecto, Rodríguez situó como el principal logro del encuentro la condonación, por parte del Estado, de las cantidades resultantes de la liquidación negativa de la financiación autonómica del año 20. Se da la circunstancia de que el Estado realiza unos anticipos en concepto de financiación autonómica, que se liquidan a los dos años. Si en la fase de liquidación se determina, en función de la evolución de la economía, que las cantidades transferidas han sido superiores a las que correspondían realmente, las Comunidades autónomas tienen que devolver lo cobrado de más.

Con el acuerdo alcanzado hoy y dada las dificultades derivadas de la pandemia del Covid-19, el Estado ha decidido no reclamar la devolución de las cantidades.

Precisamente, el Consejo acordó el incremento de un 6 por ciento de las cantidades a cuenta que distribuirá el Estado -también al margen del ciclo económico- para el año 2022, lo que para Canarias supondrá una transferencia extra en torno a 170 millones de euros respecto al año en curso.

Reparto por población del Fondo Covid

Rodríguez también se felicitó por la distribución este año 2021 de los 13.486 millones de euros del Fondo Covid entre las comunidades autónomas bajo el criterio de población ajustada, reclamación que había planteado el Gobierno de Canarias, lo que permitirá a las Islas captar unos 600 millones de euros y afrontar las necesidades sobrevenidas en los servicios públicos fundamentales, especialmente en sanidad y educación.

El vicepresidente precisó que este criterio de reparto se impuso al que defendían algunas comunidades autónomas ricas, el PIB, lo que para Canarias habría supuesto un perjuicio de más de 150 millones de euros.

Del mismo modo, durante el Consejo se informó del mantenimiento en 2022 de la suspensión de las reglas fiscales y, aunque se establecen unas tasas de referencia, no son obligatorias, “lo cual constituye también una buena noticia para la confección de los Presupuestos y el blindaje de los servicios públicos”, dijo Rodríguez.

Otro de los asuntos abordados fue el establecimiento el próximo año en todo el Estado de un impuesto ambiental al depósito de residuos en vertederos y a la incineración. Las comunidades autónomas recibirán la recaudación obtenida en sus propios territorios.