El Consejo de Gobierno ha autorizado la realización del gasto que conllevan las aportaciones dinerarias que se concedan a los ayuntamientos canarios para financiar parte de la actividad relativa a los servicios sociales de atención primaria y comunitaria, el programa de prestaciones básicas de servicios sociales y el apoyo a la gestión de la Ley de la Prestación Canaria de Inserción, mediante tramitación anticipada para el año 2022, por un importe de 38.094.742 euros, lo que supone un incremento del 15,7% con respecto a 2021 (un total de 6.010.944 de euros más).

Esta cantidad podrá verse incrementada en, al menos, 3.200.00 euros, ascendiendo el crédito total hasta los 41.294.742 euros, en función de los fondos estatales para el Plan concertado de Prestaciones Básicas que se deben distribuir en 2022.

La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud y la Federación Canaria de Municipios (FECAM) proyectan suscribir un Protocolo General de Actuación que tiene como fin que los ayuntamientos canarios puedan seguir dando continuidad a los programas que vienen desarrollando en el ámbito de los servicios sociales de atención primaria y comunitaria, así como en el apoyo a la gestión de la Prestación Canaria de Inserción.

El objeto del citado Protocolo es la distribución de los créditos entre los ayuntamientos del Archipiélago, mediante tramitación anticipada para el año 2022, con el objetivo de dar continuidad a los Programas dirigidos a la financiación de los servicios sociales de atención primaria y comunitarios.

A través de estos fondos se da cobertura financiera a los servicios sociales municipales y a los recursos dirigidos a la atención de las familias en situación de mayor vulnerabilidad social como son, entre otros, la Prestación Canaria de Inserción (PCI), los servicios de ayuda a domicilio, los centros de servicios sociales, los centros de día o atención a las personas en situación de riesgo social.

Además, además se financian los recursos y programas para la atención necesaria a las familias y personas en situación de pobreza y de exclusión social que residan en las Islas.