El Gobierno de Canarias reitera la necesidad de que la Fiscalía dote de los medios necesarios, así como de más efectivos, que permita agilizar los decretos de mayoría de edad para evitar la presencia de adultos en los centros de protección de menores y dispositivos de emergencia. Una situación que la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias lleva denunciando desde hace más de un año.
En la actualidad, Canarias tutela a 2.534 menores (datos actualizados a 14 de junio de 2021), de los que 1.743 siguen pendientes de un decreto que determine su edad, es decir, el 68% de ellos. Una situación que está generando problemas de convivencia en los centros y que dificulta la labor de las autoridades y de profesionales especializados en la intervención con menores, y no con adultos. Este retraso provoca también otras dificultades como la imposibilidad de escolarizarlos o de comenzar el trámite administrativo para su regularización.
En los últimos meses se ha solicitado priorizar a los perfiles más evidentes de adultos en la realización de las pruebas óseas, de hecho, desde la Consejería se enviaron listados con estos perfiles tanto a la Fiscalía de Extranjería como a la Policía Nacional. De hecho, actualmente hay unas 250 personas en estos recursos con prueba ósea realizada o con documentación que acredita su mayoría de edad, pendientes de un decreto de Fiscalía que determine su edad. Hay incluso situaciones más graves como el de 16 adultos acreditados en un centro de menores a la espera de ser trasladados por la Policía Nacional.
Antecedentes en la solicitud para agilizar las pruebas.
El pasado 10 de febrero de 2021 se mantuvo una reunión, a petición de esta Consejería, con Delegación del Gobierno, Fiscalía de Extranjería, entidades colaboradoras que tienen la guarda delegada de los menores, Instituto de Medicina Legal y Consejería de Sanidad. En la misma se acordó la colaboración y coordinación entre todas las partes para poder desatascar las pruebas de determinación de edad.
En el encuentro se acordó priorizar a unos 300 sobre los que no existía duda y son claramente mayores y otras 300 pruebas de los que si ofrecían duda razonable y podrían tener entre 17 y 24 años de edad.
El proceso para determinar la edad de un supuesto menor comienza con la actuación de la Fiscalía que solicita a Sanidad la realización de las pruebas óseas. Después, se cita a las personas que son trasladadas por la Policía Nacional hasta el centro hospitalario determinado. Una vez hecha la prueba, se traslada bajo custodia al Instituto de Medicina Legal que emite un informe que posteriormente es remitido a Fiscalía para que, finalmente, emita un decreto de determinación edad.
Ha sido el propio Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, en su comparecencia ante el Senado el pasado 27 de abril de 2021 para exponer las actuaciones que ha realizado la Institución que dirige sobre la llegada de personas migrantes a las islas Canarias en 2020 y en los primeros meses de 2021, quien solicitaba cambios en esta materia.
En concreto, el Defensor del Pueblo consideraba necesario que la Fiscalía introduzca reformas en el procedimiento de determinación de la edad para que se realice lo más rápidamente posible.
Presencia de organizaciones especializadas en Infancia para realizar filiación.
Ante la numerosa presencia de adultos en centros de menores de migrantes no acompañados, la Consejería de Derechos Sociales solicitó al Ministerio de Interior la presencia de organizaciones especializadas en infancia a pie de muelle para colaborar en las tareas de filiación junto a la Policía Nacional, tal y como se permite en otras comunidades.
La respuesta, recibida el pasado 10 de mayo, fue negativa por la “actual situación sanitaria, y con el propósito de garantizar la salud de las personas que pasan por el Centro, así como de los trabajadores y voluntarios que prestan servicio en el mismo, elementales razones de prevención y prudencia aconsejan que en estos momentos no se autoricen visitas ni accesos a los mismos”.
Asimismo, el escrito de respuesta del Ministerio del Interior asegura que el mismo “a través de sus diferentes actuaciones en estos Centros, garantiza la prestación del asesoramiento jurídico necesario a los migrantes, así como la información relativa a los recursos asistenciales de los que disponen las distintas Administraciones Públicas y de los que pudieran ser beneficiarios.
