El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, y el director de Cáritas Diocesana, Juan Rognoni, han presentado hoy los resultados del informe denominado Las personas en situación de exclusión residencial extrema en Tenerife, elaborado por la entidad con el apoyo de la corporación insular, que le ha encomendado su elaboración. Este trabajo es un diagnóstico certero que permitirá planificar y articular estrategias de acción para reforzar la atención al problema del sinhogarismo en la isla.
Según este estudio, realizado entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2020, en Tenerife se han contabilizado 1.784 personas en situación de exclusión residencial extrema. En su mayoría, se concentran en la zona metropolitana, aunque es una realidad que afecta a toda la Isla. Los municipios con más incidencia son Santa Cruz de Tenerife, con 839 personas; La Laguna, con 217; Puerto de la Cruz, con 135; Arona, con 133; y Adeje, con 100.
Pedro Martín dijo que “se ha realizado un diagnóstico, que nos ha de preocupar, y que nos obliga a actuar. El Cabildo ha querido incrementar, tanto en 2020 como este año, todas las partidas del ámbito social, con la mayor inversión que se ha hecho en la historia de la corporación insular, unos 250 millones de euros, porque queremos estar al lado de quienes necesitan este apoyo, pero también junto a instituciones como Cáritas, que siempre ha tenido una potentísima presencia de acción social en la isla y que está haciendo una enorme labor en torno al sinhogarismo”.
El presidente abogó por seguir trabajando para ayudar a resolver la situación que padecen muchas de las personas afectadas por la carencia de hogar y a reconducir situaciones para que vuelvan a sentirse parte de la sociedad a la que pertenecen, a través de la inversión pública y el refuerzo del compromiso con las entidades y colectivos que trabajan en el ámbito social”.
El director de Cáritas, Juan Rognoni, detalló algunas de las conclusiones y propuestas que realiza la entidad “desde nuestra experiencia de todos estos años”, que permitan conseguir avances en un escenario de reconstrucción social. Así, destacó “la necesidad de contar con un diagnóstico sobre la realidad de la vivienda (vivienda pública, social, viviendas vacías, etc) en cada territorio, así como de las normativas de acceso para las personas de mayor vulnerabilidad, la realización de un censo actualizado de las viviendas de titularidad pública, entre otras cuestiones”.
Además, abogó por “establecer protocolos regionales de coordinación entre los Servicios Sociales y los juzgados, en los casos de desalojos forzosos, que hagan posible la aplicación de la normativa estatal e internacional respecto a evitar desalojos de personas y familias sin alojamiento alternativo. También incluir la falta de vivienda como situación de emergencia, independientemente de la situación de regularidad administrativa de la persona; proveer de plazas de alojamiento inmediato, atender a la salud mental y a las adicciones, o diseñar una estrategia integral que tenga en cuenta las necesidades especiales de las mujeres afectadas por la situación de sinhogarismo”.
Por su parte, la consejera insular de Acción Social y presidenta del IASS, Marián Franquet, explicó que “este estudio es muy relevante porque nos permite contar con datos objetivos para determinar el destino de nuestras actuaciones y hacerlo con acierto, con el fin de impulsar las políticas públicas adecuadas”. En este sentido, destacó la utilidad del diagnóstico “para seguir trabajando con Cáritas y otras entidades en la apertura de recursos especializados de baja exigencia, específicos para mujeres, en coordinación con la Unidad de Violencia de Género, recursos de salud mental, o destinados a atender patologías duales, como el que tenemos previsto abrir y que será el primer recurso público en la isla para atender esta problemática”.
Franquet recordó que “en plena crisis originada por la pandemia, ya habíamos decidido reforzar claramente el tercer sector para tener una herramienta social, y dentro de ello, teníamos claro que había que atender el sinhogarismo, una realidad cambiante, más aún en una situación de crisis económica”.
La coordinadora de Acción Social de Cáritas, Úrsula Peñate, presentó los principales resultados y aseguró que “es el primer estudio de estas características que se realiza en la isla, ya que no se fundamenta en una muestra, sino que se sostiene sobre los datos totales de la población identificada en los 31 municipios”. Además, añadió que “está basado en una metodología de enfoque de derechos humanos, al considerar a las personas sin hogar como titulares de derechos, aunque tengan la mayoría de ellos vulnerados”.
Asimismo, Úrsula Peñate señaló que, más allá de los datos sociodemográficos, el estudio profundiza en las condiciones de vida, los motivos desencadenantes de la situación de sinhogarismo, las condiciones de salud de las personas afectadas, o las experiencias de violencia vividas, teniendo en cuenta, además, el impacto diferencial de la carencia de hogar en las mujeres y en las personas migrantes”.
Principales resultados.
Entre los principales datos, destaca el hecho de que de las 1.784 personas en situación de exclusión residencial extrema, un total de 603 son personas sin techo que pernoctan en espacios públicos a la intemperie; 470 se alojan en un recurso nocturno tipo albergue; 226 personas viven en viviendas con un régimen de tenencia insegura; 318 en estructuras temporales o autoconstruidas (chabolas, cuevas, etc.) y 167 personas viven en alojamientos semiderruidos que no son apropiados para vivir.
El 60% de las personas que están en esta situación de exclusión residencial extrema llevan más de un año sin hogar y en el 33,7% de los casos, la persona lleva más de tres años así. El sinhogarismo tiene mayor presencia en la zona metropolitana, aunque es una realidad que afecta a toda la Isla. Los municipios con más incidencia son Santa Cruz de Tenerife, con 839 personas identificadas; La Laguna, con 217; Puerto de la Cruz, con 135; Arona, con 133; y Adeje, con 100.
En cuanto a la edad, el grupo más numeroso está entre los 46 y los 55 años. Además, el estudio ha identificado al menos 78 menores de edad. Todos ellos conviven con sus tutores legales, perteneciendo a una unidad familiar completa en situación de sin hogar. Estos modelos familiares son generalmente monomarentales, en algunos casos con antecedentes de violencia de género, y en otros con trayectorias en el sistema de protección de menores, con rentas mínimas o sin ingresos.
Los datos del estudio, desagregados por sexo, evidencian que las mujeres representan el 21,4% de las personas en situación de sinhogarismo, una de cada cinco personas. Para ellas, asumir estar solas implica sufrir doble exclusión, la situación de estar sin hogar y la de exponerse a episodios de violencia, discriminación e inseguridad. Ello deriva en consecuencias directas en su salud física y emocional (agresiones, violaciones) y a nivel económico (tienen mayor índice de pobreza, desempleo, trabajos precarios, etc).
El 46,7% de las mujeres en situación de exclusión residencial extrema tiene entre 18 y 45 años. Además, más del 70% ha sufrido insultos o vejaciones, o han sido víctimas de robos; y el 60,4% ha sufrido violencia de género. Por ello, desde Cáritas entendemos que es preciso que a la hora de abordar el sinhogarismo se contemplen entre los objetivos y las medidas que se lleven a cabo las especificidades de las mujeres sin hogar.
Respecto a los países de origen, el 35,6% de las personas sin hogar residentes en Tenerife son de origen extranjero. Se trata de personas originarias de 65 países diferentes, aunque los colectivos más numerosos son los marroquíes, venezolanos e italianos. Cerca de un 40% está en situación administrativa irregular. El 40,7% asegura haber tenido dificultades de acceso a asesoramiento jurídico. Otra barrera es el acceso a la documentación identificativa. En muchos casos, es necesario trasladarse a la Península para renovar esta documentación, algo mucho más complejo para estas personas en situación administrativa irregular, que no poseen ningún documento que les permita viajar, por lo que quedan totalmente indocumentados y aislados de la sociedad, no pudiendo ejercer ninguno de sus derechos.
Las principales vulneraciones a los derechos humanos, más allá de la propia situación de exclusión residencial, tienen que ver con el acceso al agua potable y al saneamiento y al derecho a una buena administración (gestión de tramitaciones, información o asesoramiento por sistemas telemáticos, empadronamiento, etc.) que afectan a tres de cada cuatro personas encuestadas. Otras dificultades están vinculadas al acceso a la protección social y a la salud, por carecer de medios para el traslado, no estar empadronados o no tener tarjeta sanitaria, así como las dificultades acceso a la formación por no disponer de medios económicos.
La vivienda es un Derecho Humano, necesario para preservar la dignidad de todas las personas. Las circunstancias sobrevenidas a raíz de la pandemia mundial provocada por la Covid-19 nos han resituado en un nuevo mapa histórico, en el que emerge una sociedad mucho más frágil y vulnerable, poniendo a la luz la realidad de muchas personas en situación de exclusión residencial extrema sobreviviendo en lugares poco salubres y dignos.
Cáritas Diocesana de Tenerife lleva más de 50 años acompañando a este colectivo en la provincia, sobre el que hasta ahora no existía ningún estudio sistemático que permitiera diseñar políticas de inclusión social y una adecuada planificación de estrategias eficaces de acción. Esta realidad fue la que hizo que la entidad, con el apoyo del Cabildo de Tenerife y el asesoramiento metodológico de la Red de Acción e Investigación Social, decidiera llevar a cabo un diagnóstico riguroso sobre el sinhogarismo en la Isla, contribuyendo con ello a dar voz a las personas protagonistas.
Los resultados de este estudio derivan, por un lado, de la sistematización de los datos recogidos gracias a la cooperación de diferentes recursos especializados (Centro Municipal de Acogida del Ayuntamiento de Santa Cruz, Programa de Atención de Cruz Roja en La Laguna y los diferentes recursos especializados de Cáritas Diocesana de Tenerife -Café y Calor, Base 25 y UMAC), así como de las 619 personas encuestadas por el personal técnico del proyecto de Unidades Móviles de Atención en Calle, que cuenta con cinco equipos en la zona Norte, Sur y área metropolitana.