El Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST) rechaza el proyecto del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional del Teide, que se encuentra en estos momentos en exposición pública, debido a la falta de un proceso participativo real en su redacción, y pide su suspensión hasta que se cuente con todos los agentes involucrados. Esta es una de las alegaciones que ha presentado la organización a la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias.
El presidente del Círculo, Roberto Ucelay, lamenta que, hasta ahora, el proceso de elaboración del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide no haya contado con un procedimiento realmente participativo y consensuado con los sectores involucrados e insta a que se someta a información pública un documento elaborado con participación público-privada.
“Los espacios naturales poseen unos valores ecológicos, estéticos, culturales, educativos y científicos destacados cuya conservación merece una atención preferente”, explica el presidente.
Sin embargo, Roberto Ucelay deja claro que “cualquier medida protectora de este calado que se ponga en marcha debe ser sostenible desde todas las perspectivas, no solo la medioambiental. También debe tenerse en cuenta la sostenibilidad económica y social, ya que son muchas las empresas, que siempre de manera respetuosa con el entorno, desarrollan su actividad vinculada al Parque”.
Ucelay recuerda que hay numerosas herramientas que se aplican a nivel mundial para compatibilizar los usos de los espacios naturales y su mantenimiento. “Estamos de acuerdo en que se cobre una pequeña tasa a la entrada del Parque Nacional para generar un presupuesto que sirva para financiar el mantenimiento y el control del espacio, tal y como se hace, por ejemplo, en Timanfaya”, afirma.
En este punto añade que debe ser la Consejería de Transición Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial quien busque un consenso con las empresas y asociaciones que realizan algún tipo de actividad en el Parque.
“La experiencia de los profesionales del sector puede contribuir a la configuración de una normativa que garantice la consecución de los objetivos perseguidos, pero que, al mismo tiempo, se puedan conciliar con actividades deportivas y de ocio y tiempo libre”, insiste.
El Teide debe contar con la protección necesaria, pero “esta no debe ir acompañada de una prohibición absoluta de actividades sostenibles que pueden favorecer otros sectores, como el turismo”.
“El Plan Rector debe combinar la conservación de los valores naturales con el uso y disfrute por todos”, recuerda, por lo que es preciso llegar a acuerdos para determinar qué actividades se pueden llevar a cabo”, apunta. Así mismo, deja claro que, en caso de que se restrinjan determinadas acciones, tendrían que justificarse el motivo del mismo.
En este sentido, el presidente recuerda que el PRUG, en estos momentos, “restringe sin justificación” actividades de ecoturismo y deportivas, observación astronómica, captación de imágenes, actividad audiovisual o actividades turísticas guiadas por terceros. “Se trata de actividades, todas ellas, que pueden llevarse a cabo sin perjudicar el entorno natural y que, además, contribuyen a la cultura y economía local”, explica Ucelay.
Por este motivo, destaca que deberían reconsiderarse las restricciones iniciales para crear fórmulas que, consensuadas con todos los agentes implicados, permitan la realización de actividades que puedan ser disfrutadas por todos, sin perjudicar el entorno en el que se realizan.
Otra de las peticiones que ha realizado el CEST es que el PRUG incluya un plan de movilidad sostenible, en el que se determinen los accesos y el tránsito por el Parque Nacional. “No es aceptable que un futuro Plan Rector no prevea un acceso restringido a través de las carreteras que existen en el Parque Nacional”, aclara.
Además, apuesta por que los aspectos relacionados con la movilidad se concreten lo antes posible, ya que “no puede estar en exposición pública un documento que deja en el aire cómo será la movilidad dentro del Parque Nacional”, reclama.
Por todo ello, desde el CEST insisten en la necesidad de crear un documento consensuado con el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y todas las administraciones públicas y privadas que puedan verse afectadas por la nueva normativa.
