El Ayuntamiento de La Laguna analizará la propuesta presentada por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos para la promoción de un marco de licitación que fomente, según defiende la entidad, la calidad en los contratos públicos de obras y servicios. El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, ha mantenido un encuentro con el decano y la vicedecana de la demarcación de Santa Cruz de Tenerife, Luis Pintor Sepúlveda y Soraya Manjón Vega, acompañados por el secretario, Iván Solla, para conocer de primera mano los detalles del planteamiento, consistente en aplicar un límite a las ofertas económicas por debajo del cual no se pueda obtener mayor puntuación.

El regidor local señaló que la medida deberá ser “estudiada con detenimiento -desde el punto visto técnico, desde la legalidad y teniendo en cuenta las competencias de la Corporación local en  esta materia”- para determinar la viabilidad y resultados que puede conllevar su implantación.

“En un escenario como el actual, marcado por el incremento de los precios de las materias primas, es fundamental que las contrataciones ofrezcan las máximas garantías, no solo a la propia Administración, sino también a las empresas y profesionales que ofrecen sus servicios, y eso es lo que entendemos que busca el Colegio con su propuesta”, agregó Luis Yeray Gutiérrez.

Desde la entidad, además, se pidió durante el encuentro una mayor presencia de estos ingenieros en las áreas de especialización de la Administración y el alcalde mostró su respaldo al colectivo profesional, “esencial para la modernización y desarrollo local, regional y estatal”.

En cuanto a las licitaciones, desde el Colegio se está planteando a las administraciones públicas que incluyan el llamado umbral de saciedad, es decir, no dar más puntos a partir de un determinado nivel de baja e, incluso, ir reduciendo progresivamente la puntuación. Una posibilidad que, según recoge en la propuesta, “ha sido reconocida y aceptada por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales” y que generaría diversos “beneficios directos”. Entre ellos, menciona que se produciría menor conflictividad en los contratos y que las obras y servicios serían de mayor calidad, ya que “las empresas no estarán constreñidas como se encuentran en la actualidad por bajas excesivas e irreales”.

La aplicación del umbral de saciedad, además, daría más “tranquilidad y confianza” a las empresas. La entidad afirma que en estos momentos “viven al día, desconociendo lo que les deparará el futuro, porque cada contrato que se consigue se convierte en un problema desde el inicio, dada la dificultad que entraña defender las actuales bajas excesivas”.

Esta medida asegura que los precios ofertados se basen en los costes que supone realizar la labor “con la calidad exigida, en plazo y con un legítimo beneficio. La base para el desarrollo de empresas sanas, pues aclararía el futuro frente al presente incierto y oscuro del sector”, concluye el Colegio en su propuesta.