La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, en rueda de prensa ofrecida este viernes, dio a conocer los resultados de los informes requeridos por el desvío de dinero de Emmasa a Sacyr, la actuación que llevará a cabo el Ayuntamiento y valoró los resultados de los mismos.
“Hoy tuvimos Junta Extraordinaria en el Ayuntamiento, ya que, como saben, el martes (30 de junio) culminaron los informes requeridos por el Servicio, por el concejal de Servicios Públicos (José Ángel Martín) y por mí misma a los Servicios Jurídicos y a la intervención del Ayuntamiento de Santa Cruz y hoy, en esa Junta Extraordinaria, hemos fijado la posición del Ayuntamiento”, avanzó, para explicar que “los informes dicen que el dinero que Emmasa dio a Sacyr devolviendo el dinero que había pagado Sacyr por gestionar el agua nunca tuvo que haber salido de Emmasa ni haberse producido el desequilibrio económico y financiero que produjo una subida de tarifa del agua a los ciudadanos de Santa Cruz”.
Tras conocer los resultados de los informes, “la Junta de Gobierno acuerda hoy, en primer lugar, requerir a Emmasa para que no salga un céntimo más hacia Sacyr; y segundo, iniciar un procedimiento contradictorio en el que Sacyr y Emmasa tienen diez días para alegar lo que estimen conveniente y luego el Consultivo tendrá que pronunciarse”, desveló, sobre los procedimientos futuros de este caso. “Estamos seguros de nuestra posición y de la unanimidad del Ayuntamiento en esta cuestión y se hace urgente que se inicie el procedimiento administrativo para anular ese contrato, ese acuerdo”.
“En el caso en el que haya conflicto con Sacyr se irá a los Juzgados para en el Mercantil anularlo y, por supuesto, no sólo no dejar de ingresar si no devolver los casi treinta millones de euros que salieron de Emmasa y pararlo para que no lleguen a ser cincuenta y nueve millones de euros”, advirtió.
“Esto se sabe desde 2017. Esto no lo digo yo porque yo no estaba en 2017, lo dice el Servicio. No soy yo quien firma ese documento porque yo no estaba en 2017, eso lo firma el director del Servicio, que es funcionario público. Además de esto, en vista de esta documentación, se pone en conocimiento de don Dámaso Arteaga, que, por supuesto, nadie se cree que no se lo dijera al señor Bermúdez. Y todo esto en octubre de 2018 es ratificado por un auditor”, detalló, responsabilizando del asunto a José Manuel Bermúdez, por entonces alcalde de la ciudad, y a Dámaso Arteaga, por entonces concejal de Servicios Públicos, entre otras carteras, del consistorio capitalino.
“¿Qué hay a cambio de esto? ¿Qué ganaba el Ayuntamiento? ¿Qué ganaba quien tomaba la decisión? ¿Qué ganaba la ciudad de Santa Cruz para que sin título habilitante y sin que medie informe del secretario, del interventor, se desvíen 2’3 millones de euros al año para Sacyr de Emmasa?”, lanzó como reflexión. “La consecuencia de esto, aparte del expolio, es que para compensar ese beneficio empresarial se sube la tarifa a los chicharreros y chicharreras, en medio de una crisis económica brutal”, resaltó.
“Esto se hizo de espaldas, ¿o es que alguien sabía que esto se estaba produciendo? Esto está en las cuentas. Estaban saliendo 2’3 millones de euros y nadie se preguntó por qué, eso para empezar”, manifestó con asombro.