El vicepresidente del Gobierno canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, reclamó ayer al Estado un reparto equitativo entre todas las comunidades autónomas de los test, EPI y resto de equipamiento para combatir el coronavirus, a la vista del actual problema de abastecimiento básico.

Rodríguez, que participó en una videoconferencia con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y los consejeros de Hacienda de las comunidades autónomas, trasladó la preocupación del Gobierno de Canarias por la falta de material sanitario en las Islas.

El vicepresidente explicó que muchas comunidades autónomas no acudieron en su momento al mercado en busca de este material puesto que el Estado había determinado la centralización de las compras y que “ahora, cuando lo hemos hecho, hay una saturación enorme, que hace muy complicada las adquisiciones”.

Rodríguez subrayó que si bien los nuevos equipos asistenciales, como los respiradores mecánicos, deben distribuirse en función de las necesidades de los territorios y allá donde hagan más falta, los test de detección, los EPI y el resto de material de protección tienen que ser distribuidos de “manera justa y equitativa entre todas las comunidades autónomas”.

En este sentido, el vicepresidente detalló que Canarias ha realizado un número escaso de pruebas para una población de 2,2 millones de habitantes, “cuando éstas son vitales para medir el impacto de la propagación de la enfermedad, para predecir su evolución, determinar los aislamientos y evitar contagios”.

Rodríguez explicó a la ministra y al resto de consejeros autonómicos de Hacienda que, de los infectados en Canarias, el 20 por ciento son sanitarios, “lo que supone seis puntos por encima de la media española, una situación a tener muy en cuenta”.

Liquidez e inacción europea
El vicepresidente también reclamó al Ministerio de Hacienda que comunique cuanto antes a las comunidades autónomas el mecanismo para hacer efectiva la suspensión de las reglas fiscales que anunció la ministra en la reunión de ayer a los consejeros de Hacienda, al tiempo que criticó la falta de determinación de la propia Unión para permitir el endeudamiento de las administraciones públicas.

A este respecto, señaló que “la Unión Europea tiene que dar la cara con soluciones efectivas y con la habilitación de fondos adicionales para combatir los efectos económicos de la pandemia y no limitarse a la reorientación de los programas actuales”.

El vicepresidente canario, por otro lado, aludió a la necesidad de liquidez de las administraciones públicas debido a la reducción súbita de los ingresos y aumento de los gastos por la pandemia. Demandó al Gobierno central la adopción inmediata de medidas.

A este respecto, Rodríguez solicitó aclaraciones a la ministra sobre los plazos y las cuantías de la liquidación de la financiación autonómica del año 2018, a la que se ha comprometido el Gobierno español, toda vez que la propia María Jesús Montero hablaba de un anticipo del 50 por ciento, mientras que el presidente del Gobierno de España ha asegurado que sería el 100 por ciento.

Asimismo, el vicepresidente preguntó por los criterios que establecerá el Ejecutivo central para la inyección de liquidez en el sector privado, unos 20.000 millones de euros en avales, en el sentido de si la distribución se hará según el orden de presentación de las solicitudes o por sectores de actividad; pero Montero no pudo concretar este aspecto.

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