La Gerencia de Urbanismo de La Laguna no ha podido evaluar de manera exhaustiva el estado del edificio de la calle San Agustín debido al peligro que conlleva permanecer dentro del inmueble, después del desplome parcial de dos de sus plantas. Ante el riesgo que supone entrar en la vivienda número 34, la inspección que estaba prevista por parte del equipo técnico ha tenido que ser aplazada hasta que haya un plan de actuación que permita garantizar la seguridad. La urgencia de contar con este proyecto para poder determinar las medidas urgentes a aplicar ha llevado al organismo autónomo a asumir la contratación de forma subsidiaria.

El concejal de Ordenación del Territorio y consejero director de Urbanismo, Santiago Pérez, informó de que la prioridad es “evitar que ocurra cualquier tipo de daño personal porque, aunque no corre peligro inminente de desmoronamiento o colapso, el interior se encuentra en una situación bastante delicada”. El desplome, producido el pasado lunes, no tuvo consecuencias de este tipo, ya que la casa está deshabitada desde hace años, no hubo desprendimientos en la fachada y no se detectaron efectos en los edificios colindantes.

Debido al grave deterioro que presenta la construcción -la Gerencia ya había iniciado el expediente para declarar su estado ruinoso con anterioridad al suceso-, y ante la inestabilidad de su interior, Urbanismo y la Policía Local han decidido mantener activas las medidas de prevención adoptadas desde el momento del incidente para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Por un lado, se acordonó el frente del inmueble, para que los peatones transiten por la calle lo más alejado posible de la vivienda; y, por otro, permanece cerrado al tráfico el tramo afectado, entre la calle Juan de Vera y Tabares de Cala, para evitar las vibraciones que ocasionan los vehículos con autorización para circular por esta vía peatonal (solo se permite el acceso al único garaje que existe en ese espacio).

De forma paralela, tras la valoración preliminar realizada por el personal técnico en el momento del suceso, se debe llevar a cabo una inspección exhaustiva de todo el inmueble. Como no se ha podido evaluar con detenimiento debido al estado de peligrosidad que presenta, Santiago Pérez explicó que desde Urbanismo “se está agilizando todo el procedimiento para contratar la redacción de un proyecto con el que planificar la entrada de una forma segura”.

Eso permitirá hacer una inspección más concreta sobre los daños, para poder determinar las medidas que hay que tomar para eliminar cualquier tipo de riesgo y “proteger la fachada del edificio, que está protegida y hay que conservarla como sea”. Como se trata de una construcción de propiedad privada, “a la Gerencia no le ha quedado más remedio que actuar en ejecución subsidiaria”, después de que la parte privada no haya aplicado las medidas cautelares ordenadas por el organismo. El edil indicó que el motivo del incumplimiento de los trabajos de seguridad necesarios es que existe “un problema de titularidad en relación con el inmueble”, a raíz del fallecimiento del antiguo dueño.

Ante su “progresivo estado de ruina” y el interés del Ayuntamiento por comprar la vivienda para convertirla en un centro para personas mayores, Santiago Pérez especificó que, una vez se conozca con exactitud la situación del edificio, “se va a acordar ejecutar de inmediato las medidas oportunas, ya actualizadas, con la previa exigencia de los recursos a los propietarios”. Si ellos no acometen las obras, la Corporación las asumirá, pero también de forma subsidiaria, siendo los gastos ocasionados a costa de la parte privada.