NP.- El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife mantiene desde el año 2011 inalterada su estrategia jurídica para la recuperación del dinero invertido en la compra del frente de la playa de Las Teresitas, con independencia de los procesos judiciales –consecutivos o simultáneos– que se vienen dirimiendo desde entonces. Es más, el Consistorio ya promovió desde ese año la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo del año 2007 que anuló la compra-venta de los terrenos y exigió a los empresarios la devolución del dinero a través de la vía civil.
La incuestionable voluntad del Consistorio por recuperar el dinero malversado en Las Teresitas se ha sustanciado en un trabajo de los servicios jurídicos en defensa del interés general y, al mismo tiempo, en las cautelas precisas para su mejor salvaguarda, en tanto las decisiones judiciales han ido cobrando firmeza.
Este modo de proceder, avalado desde el primer momento por el anterior concejal de Urbanismo y responsable de los servicios jurídicos, José Ángel Martín, tuvo uno de sus episodios fundamentales a raíz de una demanda presentada por Inversiones Las Teresitas para reclamar una indemnización al Ayuntamiento tras la anulación de la compra-venta, que fue respondida a su vez con una demanda reconvencional con la súplica al juzgado de que se procediera a la restitución de los terrenos y a la devolución de 53 millones, más intereses de demora.
En ese proceso, fueron los propios servicios jurídicos municipales los que, a instancias del concejal Martín, plantearon la suspensión del proceso civil en curso ante la posibilidad de un prejudicialidad penal, que podría suponer la suspensión del proceso ordinario y en defensa de la prevalencia del proceso penal.
Esos mismos servicios jurídicos han mantenido con posterioridad y en proceso penal este proceder y, siguiendo con el principio de cautela, han optado por aguardar a la decisión del Tribunal Supremo antes de solicitar formalmente la ejecución de una sentencia que no era firme.
Los servicios jurídicos, que hoy en día siguen siendo los mismos que en su momento lideró el concejal Martín, no han variado su proceder, una actuación que les valió en reiteradas ocasiones el aplauso y la defensa acérrima de su anterior responsable
En cualquier caso, y con independencia de la decisión final del Supremo, el alcalde y la Junta de Gobierno han adoptado decisiones para salvaguardar el interés general y recuperar el dinero.
El pasado 29 de marzo, el alcalde dictó una instrucción por la que ordena a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento a que “continúe con todas aquellas actuaciones necesarias, por sus propios medios o con asistencia técnica de terceros” para dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial en relación a la compra del frente de la playa de Las Teresitas, “al objeto de recuperar el dinero público invertido en la compra de los terrenos, así como hacer efectivas la indemnizaciones en favor de esta Entidad local, garantizando con ello la defensa del interés general”.
La instrucción reitera lo dispuesto en otra, dictada por el acalde en abril de 2017, justo el mismo día de notificarse la sentencia de la Audiencia Provincial sobre el particular.
Estas instrucciones forman parte de las actuaciones que ha seguido el Ayuntamiento durante los dos últimos años en relación a este asunto para salvaguardar el interés general de los ciudadanos de la capital tinerfeña. Ambas han sido dictadas inmediatamente después de conocerse cada una de las sentencias.
Es más, la primera instrucción de 2017 se sustanció al mes siguiente en un acuerdo de la Junta municipal de Gobierno, que se adhirió a la solicitud de medidas cautelares planteada por el Ministerio Fiscal y asegurar “la totalidad de las cantidades que en concepto de responsabilidad civil derivada de los delitos reconoce la sentencia a favor del Ayuntamiento”.
El citado acuerdo recogió la solicitado por la consideración tercera de su escrito, donde, además, se señalaba que el importe afianzado por los condenados (26.010.132 euros) no garantiza el pago de las responsabilidades civiles impuestas, dado que es menor que el importe de la indemnización civil fijada en la sentencia (52.588.156,85 euros) y de los intereses correspondientes (9.159.884,67 euros).
En esa dirección, el Ministerio Fiscal solicitó –acción respaldada por el Ayuntamiento– que se requiriera a todos los condenados para que, en el plazo que fije el tribunal, designen “bienes realizables –saldos de cuentas bancarias, depósitos o productos financieros, imposiciones a plazo, fondos de inversión, valores, títulos, acciones, deuda financiera, contenido de cajas de seguridad, participaciones sociales u otros activos financieros, así como bienes muebles o inmuebles– que sean suficientes para garantizar el pago de la totalidad de indemnizaciones a cuyo pago se les condena en la sentencia dictada, acordándose la práctica a tal fin de las valoraciones y/o tasaciones precisas”.
La Fiscalía también propuso en ese momento que subsidiariamente y para el caso de que no se cumpliera el anterior requerimiento, o para el caso de que los bienes designados fueren insuficientes, se acordaran medidas como el bloqueo y retención de activos financieros o el embargo de bienes muebles y/o inmuebles que estuvieran a nombre de los condenados, de forma directa o indirecta.