El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha celebrado en la mañana de hoy una Comisión de Control en el Salón de Plenos, salvaguardando todas las medidas de distanciamiento social que dicta la ley, lo que ha limitado a dos decenas de personas el aforo máximo. No obstante, la Comisión se desarrolló con normalidad.

En el primer punto, la primera tenienta de alcaldesa y concejala de Promoción Económica, Matilde Zambudio, confirmó que el Consistorio ya ha comenzado a tramitar las ayudas Santa Cruz Adelante pese a que el plazo de solicitudes estará abierto hasta el próximo 26 de mayo. Una medida que se lleva a cabo para que las subvenciones lleguen cuanto antes a los autónomos y microempresas que se han visto afectados por el cierre económico generado por la covid-19.

Desde el pasado 7 de mayo y hasta hoy se han presentado 2.800 solicitudes, es la primera vez que Santa Cruz de Tenerife pone a disposición del tejido empresarial unas ayudas como éstas, La concejala de Promoción Económica, Matilde Zambudio destacó en Comisión de Control que “es la primera gran ciudad del G4 (Las Palmas, La Laguna, Telde y Santa Cruz de Tenerife) que saca una ayudas de estas características y de los pocos municipios de toda España.

“Unas ayudas que han supuesto un esfuerzo económico para el municipio que ha destinado una partida de 3 millones de euros para los autónomos y las microempresas más vulnerables de Santa Cruz de Tenerife, quienes que cuentan con menos colchón económico y menos posibilidades de poder acceder a otras ayudas”. Estas ayudas pueden seguir solicitándose hasta el próximo martes, 26 de mayo, a través del Registro Electrónico del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

A estas ayudas pueden acogerse microempresas y autónomos con un máximo de 10 trabajadores y menos de 30.000 euros de rendimiento neto en 2019, y que  se hayan visto afectados por el cierre de establecimientos o que hayan visto reducida su facturación en al menos un 75%. Quienes las perciban se comprometerán a sostener la actividad empresarial durante al menos 6 meses desde su concesión. Tendrán una cuantía de 1.500 ó 2.000 euros, en función de la reducción de los ingresos y con ellas quienes se beneficien de las mismas podrán abonar cualquier gasto corriente que tenga que ver con la actividad.

A esta partida hay que sumar otro millón de euros destinados al sector del taxi, una ayuda que solicitaron 9 de cada 10 taxistas del municipio o lo que es lo mismo 698 profesionales. A ella podían acogerse los titulares de licencias vigentes y en activo que pudieran acreditar una caída de la facturación en un 75% para recibir una subvención de 600 euros que se abonarán directamente y en un pago único por convocatoria.

Con estas subvenciones el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife trata de dar liquidez a las empresas que se han visto obligadas a cerrar o están afectadas por una importante caída de su facturación. Un primer paquete de ayudas económicas de emergencia.

Rastro
En este mismo punto del orden del día de la Comisión de Control celebrada esta mañana,  segundo teniente de alcaldesa y concejal de Servicios Públicos, José Ángel Martín, anunció que se están valorando tres posibles ubicaciones para albergar el Rastro. Tras aclarar que “en la ubicación tradicional es imposible reabrirlo ya que no hay capacidad para controlar aforos ni accesos”, explicó que las alternativas son el solar de la antigua estación de guaguas, donde se instala la feria en Carnavales; los aparcamientos anexos al Puerto a la altura del Cuartel de San Carlos; o la explanada del Parque Marítimo.

Martín mostró su confianza en que el Rastro pueda reabrir a partir del domingo 31 de mayo, una vez Tenerife se encuentre en fase 2 de la desescalada. Eso sí, deberá tener un 30% del aforo, que es lo que la citada fase permite. Esta medida obligaría a reducir a unos 179 los puestos, de los casi 630 que existen. Para decidir cuáles abren, se establecería un sistema de turnos, como pasa con otros colectivos como el de los taxistas.

1,3 millones en atención social
El Ayuntamiento de Santa Cruz también informó hoy de que desde que se decretara el Estado de Alarma, el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) ha invertido en las personas del municipio alrededor de 1.300.000 euros para cubrir el aumento de la demanda por la crisis.

Tal y como destacó la presidenta del IMAS, Marta Arocha, el volumen de carga de trabajo del área social del Consistorio se ha incrementado considerablemente y reforzar su personal se ha convertido “en una verdadera necesidad”, de modo que apuntó que se ha solicitado aumentar las Unidades de Trabajo Social (UTS) del municipio con nuevos auxiliares administrativos y un trabajador social más para cada una; así como reforzar los equipos de Atención a la Infancia y la Familia pasando de cinco a ocho educadores y de cuatro a cinco psicólogos. Igualmente, se estudia la creación de una UTS de emergencia y el refuerzo de los trámites de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) con cinco trabajadores sociales y siete auxiliares más.

Arocha detalló que al llegar al IMAS se encontró con la necesidad de cubrir un total de 20 bajas y se está trabajando con el área de Recursos Humanos del Ayuntamiento de modo que en las últimas semanas se han ido incorporando cuatro trabajadores sociales, un administrativo y otro administrativo más que llega el lunes a Infancia.

Asimismo, la edila insistió en su agradecimiento a la plantilla de empleados y empleadas municipales por la entrega y esfuerzo demostrados, que les han llevado incluso a trabajar “de lunes a domingo”.

La concejala expresó su preocupación por el futuro de las personas sin hogar que permanecen los últimos dos meses acogidas en los pabellones, para quienes se están ya “buscando soluciones”. El Consistorio habilitó el pasado día 17 de marzo el Pabellón Paco Álvarez y el Quico Cabrera como recursos extraordinarios de “cama, comida e higiene” para acoger a las personas sin hogar y actualmente se atiende en estas instalaciones a 55 personas que cuentan con la asistencia diaria de médicos y enfermeros. Como destacó Arocha, en todo este tiempo “no existió ningún contagio en ninguno de los centros para personas sin hogar”.

En los últimos dos meses, el IMAS ha recibido una media de 500 llamadas diarias, en ocasiones más de 650, la mayoría para pedir ayuda alimentaria, si bien “actualmente se está demandando mucha información para la renta de emergencia del Gobierno de Canarias o sobre la tramitación de la PCI, cuyo procedimiento se ha simplificado para obtenerla lo más rápido posible”, apuntó la concejala. Asimismo, en el mismo tiempo se han tramitado casi 6.000 tarjetas de alimentos y la capital ha atendido a través del Programa de Atención a Domicilio de Alimentos y Medicamentos (922 28 24 32) a mayores y personas dependientes unas 600 llamadas y se han entregado 300 cajas de alimentos, 30 de farmacias y 35 kits de higiene.

Además, se ha hecho entrega de un total de 6.122 cestas contratadas a Gestión del Medio Rural (GMR) con productos frescos para complementar la alimentación de familias vulnerables y colaborar con la actividad productiva local de los agricultores, ganaderos y se han solicitado otras 3.000 cestas para nuevos repartos.

El IMAS también ha llegado a acuerdos con EMMASA y UNELCO para evitar cortes de suministros y se ha aumentado en 80 personas (hasta un total de 1.280 beneficiarios) la Ayuda a Domicilio, después de que quedaran desatendidas en los centros de día a causa de su cierre temporal. Del mismo modo, se ha realizado un “seguimiento intenso a los mayores del municipio, con más de 1.600 llamadas a los hogares” para conocer cómo se encontraban, acompañarlos y “en casos absolutamente necesario realizarles visitas”.

Seguridad Ciudadana
Por su parte, el concejal Florentino Guzmán Plasencia agradeció el esfuerzo y compromiso del cuerpo de la Policía Local, voluntarios de Protección Civil y agentes de la Unidad del Medio Natural, que han “empatado” su trabajo durante los pasados Carnavales con los derivados del marco de la pandemia mundial que estamos viviendo. Así, resaltó que “la totalidad de los 323 efectivos han estado dando cumplimiento a las normas dictadas como consecuencia de la declaración del estado de alarma, sin vacaciones y haciendo horas extra”.

Como recordó el edil, el pasado 13 de marzo se dictó un primer decreto de alcaldía que emitía medidas preventivas para el control del contagio respecto a instalaciones municipales, servicios públicos y actividades colectivas; y el 14 de marzo, coincidiendo con la declaración del estado de alarma, se activó el Plan de Emergencia Municipal, que continúa vigente.

Guzmán Plasencia apuntó que a lo largo de las distintas fases se han seguido cuatro objetivos principales: garantizar la seguridad a la ciudadanía, colaborar para dar respuesta a las necesidades sociales, informar y sensibilizar a los chicharreros y chicharreras de la gravedad de la situación y de las medidas de prevención de contagios y facilitar la movilidad a la ciudadanía para que disfrute de las medidas de respiro que se han ido adoptando permitiendo disponer de espacios públicos más amplios y seguros.

Como indicó el edil, desde el primer momento el Consistorio fue consciente de la necesidad de “reforzar nuestro servicio de policías en la calle”, por lo que se procedió “a incorporar nuestra unidad administrativa y se han ampliado los horarios de la UNIPOL”, lo que permitió disponer de una media de 50 policías en el turno de mañana, otros 45 en el de la tarde y entre 30 y 45 en la noche y fines de semana.

Según detalló, se han llevado a cabo 306 controles de circulación, propios o en colaboración con la Policía Nacional, se han levantado 3.900 actas de infracción, se ha procedido a la identificación de 24.500 personas, se han realizado 38 detenciones y la inmovilización de 740 vehículos. También se ha incorporado vuelos especiales con drones autorizados por la Agencia Estatal Aérea.

El concejal ha reconocido que “la previsión desde el primer momento contemplaba un aumento de la demanda social” y que se han llevado a cabo campañas a través de la web municipal, redes sociales y medios de comunicación, porque estamos ante “una crisis muy profunda, donde no hay que velar únicamente por que se cumplan las normas, sino también apoyar a la ciudadanía”. En este sentido, al iniciarse el proceso de desescalada autorizándose los paseos de los menores “se ha configurado un nuevo escenario de normalidad y hemos constituido un grupo de trabajo con una hoja de ruta con medidas de movilidad específicas para cada fase”.

Como recordó finalmente Guzmán Plasencia, desde los primeros momentos del confinamiento se ampliaron los horarios de carga y descarga, se ha apostado por una movilidad sostenible con el fomento del uso de la bicicleta, se ha ordenado el uso de los espacios públicos para cumplir con el distanciamiento social y se han adoptado medidas específicas de aforo y frecuencias de transporte. Además, se han distribuido entre las plantillas de Seguridad Ciudadana mascarillas, guantes, gafas, EPIs, y se lleva a cabo una completa desinfección de los edificios tres días a la semana y a diario en los vehículos