El Ministerio de Justicia tiene intención de crear próximamente un nuevo Juzgado de lo Social en el partido judicial de Santa Cruz de Tenerife – que sería el número 9 – cuya entrada en funcionamiento estaría prevista para el próximo mes de diciembre, según informa el Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife. 

Según la misma fuente, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias está barajando la posibilidad de ubicar la sede de este nuevo Juzgado de lo Social en el edificio judicial de La Laguna. Ante tal posibilidad, el ICATF manifiesta que «con independencia de que el Colegio de Abogados de Tenerife entienda que tal posibilidad plantea serias dudas y objeciones legales, de llevarse finalmente a cabo esa intención, supondría un grave trastorno para los abogados, con especial incidencia en los que trabajan principalmente en la jurisdicción social, por cuanto que no podrían compatibilizar varios señalamientos en dicha jurisdicción –como actualmente ocurre- si uno de ellos fuera en el Juzgado de lo Social nº 9». 

A través de una nota de prensa remitida a los medios de comunicación, el órgano colegiado asevera que «además, se produciría un grave quebranto al normal funcionamiento de la administración de justicia en esta jurisdicción, por cuanto que sin duda alguna se daría lugar a muchas suspensiones de señalamientos por coincidencia e imposibilidad de atenderlos en dos sedes judiciales distantes entre sí como lo son las de Santa Cruz y la de La Laguna». 

La nota prosigue aseverando que «por tal motivo, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, en sesión ordinaria celebrada en el día de ayer, adoptó el acuerdo de dirigirse formalmente a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias manifestando su frontal oposición a que las dependencias de dicho nuevo juzgado sean ubicadas en el edificio judicial de La Laguna, debiendo buscarse otra sede en Santa Cruz, a ser posible en la cercanía de las actualmente existentes». Además, se señala que «en caso de no atenderse su propuesta –a la que de seguro se sumarán otros colectivos a los que también afecta la medida, como son los procuradores y los graduados sociales-, el ICATF procedería a llevar a cabo actuaciones más contundentes».