El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ha aprobado la nueva licitación para las obras de ampliación y urbanización del cementerio de Vilaflor de Chasna, que cuentan con un presupuesto de 1.040.656 euros. El consejero insular de Cooperación Municipal y Vivienda, Zebenzui Chinea, explica que ya se ha publicado el expediente en la Plataforma de Contratación del Estado para que las empresas interesadas puedan concurrir a la realización de estos trabajos.

Chinea señala que, tras quedar desierta la licitación anterior, se inició de inmediato un nuevo proceso de contratación en cuyas condiciones se introdujeron algunas mejoras con el fin de hacerlo más atractivo para las empresas que pudieran concurrir. Si bien se mantiene el importe previsto, se le da menos relevancia dentro de la puntuación final a la oferta económica y se introduce un nuevo criterio de reducción del plazo de ejecución de las obras. Además, se establece como mejora la pavimentación de la curva y mejora peatonal desde la carretera TF-51.

El consejero indica que el Cabildo aporta el 90 por ciento del coste total de los trabajos y que el 10 por ciento restante lo abonará el Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna. Además, la actuación está adscrita al Plan de Cooperación Municipal 2014-2017. La alcaldesa, Agustina Beltrán, destaca la necesidad de estas obras para el municipio y  el trabajo realizado desde el área de Cooperación Municipal para agilizarlas tanto para mejorar su acceso como para poder cumplir con las normativas y mejorar el servicio a los ciudadanos y ciudadanas.

Zebenzui Chinea insiste en “la celeridad que se ha dado al procedimiento administrativo para sacar cuanto antes la licitación de estos trabajos, hasta el punto de que ya los tenemos publicados para que las empresas puedan presentarse hasta el 23 de agosto, que es cuando acabará el plazo de presentación de propuestas”.

Entre los criterios de valoración de las solicitudes que se presenten destacan la incorporación de cláusulas medioambientales y sociales, como la contratación de personas con dificultades de acceso al mercado laboral, así como el compromiso de los licitadores de llevar a cabo la formación del personal vinculado directamente a la ejecución de la obra en  gestión de residuos, reducción del consumo de energía y agua y otra materia de gestión medioambiental.