El área de Educación del Cabildo de Tenerife, que dirige Concepción Rivero, prevé reanudar en el curso 2021-2022 el programa de becas de inmersión lingüística dirigido al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, en función de la evolución, en los próximos meses, de la situación internacional derivada de la crisis sanitaria de la COVID-19.

La consejera explica que este programa, previsto para empezar el próximo mes de septiembre y que debía prolongarse durante el primer trimestre del próximo curso escolar, ha tenido que suspenderse “a consecuencia de la  incertidumbre existente, a día de hoy, respecto a la reanudación del curso escolar y las condiciones en las que se desarrollará el siguiente. Además, tenemos en cuenta las restricciones en los desplazamientos internacionales y la propia evolución de la crisis sanitarias en los países de nuestro entorno y, en particular, en aquellos en los que se lleva a cabo el programa de becas (Irlanda, Canadá, Francia y Alemania)”.

Concepción Rivero añade que, por otra parte, en estos momentos se desconoce cómo estos países van a afrontar el comienzo del curso escolar 2020-2021, y qué medidas adoptarán en relación con la recepción de alumnado extranjero para el desarrollo de programas como el de las becas de inmersión lingüística del Cabildo, que implica una estancia de tres meses, en alojamiento familiar y con docencia presencial en los mismos términos y condiciones que los aplicables a un alumno nacional.

“En circunstancias normales, las empresas adjudicatarias de este proyecto tendrían que empezar ya con los preparativos para enviar a los estudiantes a los países en los que se iban a estudiar el trimestre y, por tanto, no podemos esperar más para tomar una decisión que por responsabilidad y para salvaguardar la seguridad y los intereses del alumnado, las familias y las empresas adjudicatarias es preciso adoptar a la mayor brevedad”, explica Rivero.

La previsión del departamento insular de Educación es retomar este programa de cara al curso escolar 2021-2022, siempre que las condiciones derivadas de las medidas que se adopten en relación con la COVID-19 lo permitan y que exista disponibilidad presupuestaria para ello.

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