CC-PNC analiza la situación de las colonias de gatos con las asociaciones animalistas

El grupo de CC-PNC del Cabildo de Tenerife ha mantenido un encuentro recientemente con representantes de las asociaciones animalistas para abordar la situación de los gatos en la Isla. El consejero nacionalista, Antolín Bueno, señala que “es necesario contar con los colectivos a la hora de tomar decisiones e implementar medidas. Hablamos de una situación que afecta a los animales, a las personas y a los espacios naturales”. El encuentro contó, entre otros, con la presencia de representantes de las asociaciones SOS Felina, Profelina Tenerife, El Valle Encantado, de los proyectos CER de Icod de Los Vinos y Garachico, además de la Red Canaria de Abogados por el Bienestar Animal y su Medio Ambiente. Durante el mismo se incidió sobre la efectividad del método CER (Captura, Esterilización y Retorno) para controlar las colonias de gatos y sobre la nueva regulación que plantea el anteproyecto de la Ley de Protección, Derechos y Bienestar Animal, que condena el maltrato animal y obliga a esterilizar a todos los gatos.

“Hay que conciliar las actuaciones del Cabildo con los ayuntamientos, las asociaciones y colectivos animalistas y el Colegio de Veterinarios de tal forma que las medidas que se tomen resulten efectivas y no supongan un peligro ni para la población ni para los animales”, explica Antolín Bueno. Al respecto, hay que señalar que el anteproyecto de la Ley de Protección, Derechos y Bienestar Animal, contempla la obligación de identificar mediante microchip y proceder a la esterilización quirúrgica de todos los gatos antes de los seis meses de edad, aunque establece la excepción de aquellos gatos inscritos en el registro de identificación como reproductores y a nombre de un criador registrado en el Registro de Criadores de animales de compañía.

Antolín Bueno explica que “nos encontramos ante una situación nueva que debe ser analizada desde todos los puntos de vista, tanto jurídicamente como desde el punto de vista social, de las Administraciones Públicas y, por supuesto, donde los colectivos animalistas tienen mucho que aportar y decir”. En ese sentido, el consejero de CC-PNC señala que la nueva legislación establece las obligaciones de las Administraciones Públicas en materia de protección animal para facilitar la función inspectora y de vigilancia con el objeto de prevenir las situaciones de maltrato animal y racionalizar, homogeneizar y dotar de proporcionalidad al régimen de infracciones y sanciones en materia de protección animal.