El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, han cerrado hoy en Madrid con el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, un acuerdo por el que se liquidará de forma definitiva la deuda de más de 400 millones de euros que el Estado aún mantiene con la Comunidad Autónoma de Canarias por las anualidades de 2012 a 2017 del anterior Convenio de Carreteras (2006-2017). Éstas no llegaron a invertirse en el Archipiélago por los recortes presupuestarios del entonces Gobierno central del Partido Popular.
Al término de esa reunión, tanto el presidente Torres como el consejero de Obras Públicas se mostraron “muy contentos” con el resultado del encuentro y el titular del Ejecutivo autonómico además se refirió al logro alcanzado: “La firma de una adenda de más de 400 millones de euros a incluir en el actual Convenio de Carreteras”. Torres explicó que, “al llegar nosotros al Gobierno, en 2019, esto estaba sin resolverse y ahora se confirma que la adenda va a ser firmada, y lo será en Canarias, adonde se va a desplazar el ministro para firmarla”. “Este ha sido un problema heredado al que ahora se le da solución”, subrayó el presidente de Canarias.
En su intervención, el consejero de Obras Públicas explicó el proceso legal acordado por ambas administraciones públicas, recordó que “se estuvo esperando a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2021” para luego formalizar este acuerdo y señaló que ello significará “ampliar en dos anualidades de inversión, 2026 y 2027, el convenio actual”. Franquis resaltó que con la adenda “se arregla de una vez el conflicto del anterior Convenio de Carreteras, en lo que se llevaba más de cinco años”. El acuerdo alcanzado, afirmó el consejero de Obras Públicas, “despeja de forma definitiva el escenario financiero del Convenio de Carreteras”. “Es una gran noticia para dar salida financiera a todos los proyectos de carreteras en Canarias”, subrayó Franquis.
Los gobiernos de España y de Canarias dan por cerrado con ese acuerdo el proceso de transferencia de los fondos estatales que aún quedaban pendientes de ser ingresados por la Comunidad Autónoma, tal y como avalan cuatro sentencias distintas del Tribunal Supremo. Ambos gobiernos están de acuerdo en suscribir una adenda para transferir ahora esos fondos a la Comunidad Autónoma, en forma de dos nuevas anualidades económicas del actual Convenio, firmado en 2018. Además, se ha solicitado al Ministerio añadir un anexo II al actual Convenio para incluir en él, y garantizar así su financiación, varias obras del viejo convenio que siguen ejecutándose en la actualidad.
De esta forma, se dará cumplimiento a las sentencias referidas, exclusivamente a la parte de la deuda que afecta a los proyectos del anterior Convenio no financiados y no ejecutados en su momento por falta de los fondos del Estado.
La deuda inicial del Estado con Canarias por proyectos no financiados y no ejecutados era de 445 millones de euros, pero en 2019 ya se ingresaron a la Comunidad Autónoma 38 millones para obras del anterior Convenio que se ejecutaron cuando éste ya estaba vencido, por lo que la deuda pendiente se concretó en 407 millones de euros.
Beneficios directos e indirectos de la inversión pública en infraestructura viaria.
El Convenio de Carreteras 2018-2027 se incrementará finalmente hasta los 1.500 millones de euros, una ampliación de fondos que se calcula que podría generar la creación de más de 5.300 empleos en obras de infraestructura viaria solo en las dos últimas anualidades del convenio. Además, supondrá un retorno fiscal para las arcas de la Comunidad Autónoma cercano a los cien millones de euros. También se calcula que el efecto multiplicador en el PIB canario de las inversiones por las actuaciones previstas en el actual Convenio de Carreteras, y las que se añadirán del viejo convenio para su finalización, supere los 1.700 millones de euros.
Con los recursos del Convenio de Carreteras se permite planificar la movilidad y la conectividad del futuro en Canarias. Con este objetivo, la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda se coordina con el conjunto de administraciones públicas implicadas, fundamentalmente con los cabildos, a la hora de dar el impulso necesario para modernizar las infraestructuras regionales, a la vez que se crea empleo y se estimula la economía canaria.
