El Gobierno de Canarias subraya que la lejanía e insularidad son agravantes a considerar especialmente ante los sobrecostes que la actual crisis económica está provocando. Así quedó de manifiesto en la Conferencia de este lunes entre el Gobierno de España y representantes de todas las comunidades autónomas para analizar las medidas que pueden adoptarse frente a la adversa coyuntura internacional en el Consejo Europeo de los días 24 y 25 y el posterior Consejo de Ministros del día 29.
Por parte del Gobierno de Canarias, participaron en la reunión telemática el presidente Ángel Víctor Torres; el vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez; la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, y el viceconsejero de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos, Fermín Delgado.
El Gobierno de España estuvo representado por las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz, y por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. Del resto de territorios, intervinieron consejeras y consejeros de todas las comunidades autónomas, además de las presidentas de Navarra, María Chivite, y de La Rioja, Concepción Andreu.
La representación canaria en la Conferencia celebrada hoy esquematizó tres bloques de propuestas que se desarrollarán en un documento a remitir al Gobierno de España: medidas a escala europea y en el ámbito español, con carácter genérico, y otras específicas para Canarias.
En el primer bloque y de cara al Consejo Europeo de esta semana, respalda introducir las modificaciones necesarias en los mecanismos de determinación de precios del sector eléctrico para permitir desligar el precio del gas del sistema de formación de precios o, alternativamente, establecer precios máximos o topes al coste diario de la electricidad; extender a 2023 la suspensión de las reglas fiscales; impulsar un mecanismo de mutualización de deuda europea que permita movilizar recursos especiales a escala europea para generar un fondo de ayuda humanitaria y otro para los sectores económicos; la creación de un marco temporal de ayudas relacionadas con la actual situación, con el objetivo de facilitar la concesión de ayudas nacionales y regionales, y la configuración y movilización de fondos especiales para fomentar la transición energética en la Unión Europea.
En el segundo, ya ante el Consejo de Ministros del día 29, Canarias propone un pacto de rentas que permita distribuir los costes de la actual situación entre trabajadores, empresas y Administración; un fondo para que las comunidades autónomas puedan asumir el incremento de sus costes por los bienes y servicios que presta y la realización de obras en marcha o previstas, y la modificación de la Ley de Contratos para flexibilizar las revisiones de precios, fondo que se concretaría en ayudas directas a sectores y empresas especialmente afectados por la energía y la electricidad y las materias primas, y ayudas a consumidores vulnerables (a modo del bono eléctrico social), así como la activación de una línea de avales ICO específica y la ampliación del plazo de carencia de los concedidos por la covid.
Medidas para Canarias
El bloque de medidas específicas para Canarias esgrimido por el Gobierno autonómico contempla el transporte, el sector primario y el sector eléctrico. En cuanto al transporte, se reivindica un fondo extraordinario para cubrir el incremento del sobrecoste en el transporte aéreo y marítimo de personas y mercancías con origen y destino las islas Canarias, dado que el actual régimen de compensación se queda corto ante la escalada de precios. Esta solución se aplicará inicialmente en el aumento de las partidas de los PGE para 2022 y deberá contener también medidas específicas para las islas no capitalinas.
Asimismo, se solicita la modificación de la compensación al transporte del plátano, sustituyendo el concepto “coste del flete” por “coste del transporte”, y la incorporación a estas ayudas de determinados alimentos de primera necesidad.
Respecto al transporte aéreo, Canarias pide una reducción de tasas aeroportuarias. Para el transporte marítimo, la revisión de precios en la ruta marítima OSP Los Cristianos-Valverde y las OSP marítimas entre Canarias y la Península, además de la disminución temporal de las tarifas portuarias, tanto de los puertos canarios como en los del Estado.
En relación con el transporte por carretera, el Gobierno canario demanda mecanismos que abaraten los carburantes del transporte en general y medidas de apoyo al transporte público regular, incluidos los taxis.
En el ámbito del transporte marítimo de mercancías, se plantea un fondo extraordinario para incrementar el coste tipo a las mercancías agrícolas e industriales incluidas en los reales decretos 552/2020 y 147/2019, e incorporar las que no figuran.
Las medidas expuestas sobre el sector primario, por su parte, se concretan en la simplificación de trámites para el apoyo a la producción animal dentro del POSEI, para adelantar pagos a los ganaderos, e incrementar las ayudas al sector ganadero con el POSEI adicional con cargo a fondos del Estado (artículo 24.2 de la Ley 19/1994, de modificación del REF). En este epígrafe también se incluye el cumplimiento de la modificada Ley 12/2013 sobre la cadena alimentaria.
Dentro del bloque de medidas específicas para Canarias, figura finalmente el sector eléctrico, para el que se solicita la modificación de la ley estatal en aquellos puntos en los que Canarias precisa de trato diferencial con respecto al continental, aspiración que está contemplada en la propia ley y en el Estatuto de Autonomía; subvenciones a la colocación de placas solares en régimen de autoconsumo doméstico con cargo al Marco Financiero Plurianual 2021-2027; el diseño de sistemas de subastas para el fomento de parques de almacenamiento físico (baterías); la habilitación de un marco para la compra de energía verde no físico, aprovechando las blockchain (son contratos entre productores de renovables y grandes consumidores), además de la ampliación del límite de potencia de 100 Kw, y distancias, del Real Decreto 244/2019 para instalaciones fotovoltaicas asociadas a autoconsumos compartidos e incluso comunidades energéticas instaladas sobre cubiertas y suelos antropizados.
