El Ejecutivo realiza para ello una modificación puntual de la vigente Ley de Coordinación de Policías Locales de Canarias de 1997 que fue aprobada por un decreto-ley que ha sido hoy convalidada en el Parlamento regional. La modificación de la Ley permitirá a los ayuntamientos delegar en el Gobierno de Canarias la convocatoria de plazas de policía municipal.
Nieves Lady Barreto defendió ante la Cámara la necesidad y oportunidad de este decreto-ley que fue aprobado en Consejo de Gobierno el pasado 8 de abril haciendo uso de la competencia que el nuevo Estatuto de Autonomía confiere al Ejecutivo Autonómico para aprobar este tipo de normas. “La delegación comprenderá, al menos, la competencia para la aprobación de las bases de selección, para la concreción de las plazas a convocar y para la determinación de los criterios de participación económica que ha de asumir proporcionalmente cada ayuntamiento delegante. Se llevará a cabo una convocatoria anual unificada”, explicó.
La consejera recordó que el Gobierno de Canarias redactó un borrador de nueva ley de coordinación y comenzó, en enero de 2018, su tramitación como anteproyecto de ley. Sin embargo, y a petición del propio Parlamento de Canarias, remitió el texto a la Cámara para su tramitación como proposición de ley con el objeto de acortar los plazos, de manera que se pudiera aprobar la ley en esta legislatura. El texto, que fue remitido al Parlamento en abril de 2018, ya contemplaba la convocatoria autonómica para agilizar la cobertura de plazas vacantes, pero la proposición de ley no ha seguido su tramitación parlamentaria.
Según datos de las organizaciones sindicales, existen en estos momentos en torno a 700 plazas de policía local vacantes en todo el Archipiélago, generadas, entre otros factores, por las restricciones estatales que limitaron durante años la tasa de reposición.
A esta circunstancia se suma el hecho extraordinario que suponen las 300 vacantes que se estima que generará la aplicación del Real Decreto 1449/2018 que establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los policías locales.
“La legislación presupuestaria, tras varios años de limitaciones que han impedido el crecimiento de las policías locales, fija la tasa de reposición en un 115% y nos encontramos ahora en una situación donde a los municipios se les exige poner en marcha múltiples procesos selectivos y de promoción interna, lo que, para la mayor parte ellos, por su dimensión, le supone un sobresfuerzo añadido a su actividad administrativa al que no pueden hacer frente”, explicó la consejera.
La tramitación por la vía ordinaria parlamentaria del contenido regulado por el Decreto-ley convalidado hoy se habría prolongado en el tiempo, dados los próximos comicios autonómicos y locales, alargando, como mínimo, un año más la solución y agravando el problema que se trata de solventar, con el consiguiente debilitamiento de la seguridad pública en Canarias.
“Queda por tanto justificada la extraordinaria y urgente necesidad de modificar la Ley de Coordinación de Policías Locales de Canarias, en tanto que se hace preciso contar con la inmediata habilitación legal para que el Gobierno de Canarias, que cuenta con más medios materiales y recursos humanos, pueda prestar ayuda a los municipios que se ven desbordados para atender la cobertura de las vacantes en sus policías locales”, argumentó la consejera.
“El Gobierno de Canarias inició esta legislatura con el firme objetivo de actualizar y modernizar la legislación de coordinación de Policías Locales de Canarias y para ello trabajamos durante más de dos años en el seno de la Comisión de Coordinación de Policías Locales, junto a los municipios y sindicatos representativos. Sabíamos que era un objetivo complejo en tanto que se ha de equilibrar la competencia de esta Comunidad Autónoma en materia de coordinación de policías locales, recogida en el artículo 148 del Estatuto de Autonomía de Canarias, con la autonomía municipal y con las legítimas demandas de los agentes sociales implicados”, recordó.
“Hoy, damos un paso importante con la modificación de la vigente ley de 1997, pero el Gobierno no abandona la pretensión de dotar a Canarias de una legislación moderna y eficaz, que permita a nuestras policías locales contar con los medios necesarios para hacer frente a los nuevos retos en materia de seguridad. Espero que esto siga siendo una prioridad en la próxima legislatura”, concluyó la consejera.