El Consejo Rector del Instituto Canario de Seguridad Laboral (Icasel), organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, aprobó este viernes la memoria de actuación de la entidad autonómica en 2020, un ejercicio marcado por la reorientación de su labor para el asesoramiento a las empresas y su personal con el objetivo de compatibilizar las habituales medidas de prevención de riesgos en el trabajo con los nuevos protocolos de contención de la pandemia de COVID-19.
Presidida por la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, la sesión plenaria del órgano de gobierno y de participación institucional del Icasel avaló las visitas técnicas realizadas durante el pasado año a casi 800 empresas con alrededor de 30.000 personas trabajadoras, además del nuevo servicio para el asesoramiento telefónico y otras vías telemáticas al tejido productivo del Archipiélago.
También influyó la enfermedad por coronavirus, a causa del confinamiento de la población y el freno a la economía, en la reducción de la siniestralidad laboral durante 2020 en Canarias en un 29,24% con respecto al año anterior, al contabilizarse un total de 38.679 accidentes (21.059 sin baja, 17.418 leves, 184 graves y 18 mortales).
El Consejo Rector aprobó las actuaciones realizadas en 2020, que incluyeron la elaboración de once guías técnicas para los sectores económicos con mayor ocupación, la concesión de más de 1,5 millones de euros en ayudas para diversos proyectos a los sindicatos y patronales más representativos y la dotación de 440.000 euros para la mejora de aplicaciones informáticas. Por su parte, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social informó sobre sus actividades en prevención de riesgos laborales a lo largo del pasado año, mientras que las confederaciones empresariales y organizaciones sindicales dieron cuenta de los proyectos subvencionados en el último ejercicio.
