El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha manifestado este lunes en el Parlamento de Canarias que “quienes de verdad presumen de sus servicios de emergencia son los ciudadanos, no el Gobierno canario”, tal y como demuestra la Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica realizada por el Instituto Canario de Estadística (Istac), en el cuarto trimestre de 2021, que refleja que para un 65,8% de los canarios la seguridad y la emergencia es el servicio público que mejor funciona.
Julio Pérez, que ha comparecido en la Cámara autonómica para explicar la gestión que realiza la empresa Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad de Canarias (GSC), ha calificado de excelente la labor de esta sociedad, que en 2022 contó con un presupuesto de 92 millones de euros, tiene 300 trabajadores, recibió 774.000 demandas de servicios en 2021 y 1.600.000 llamadas al año, lo que supone 4.000 diarias.
Durante su intervención, ha indicado que eso no significa que no haya cosas a mejorar y ha puesto como ejemplo el marco normativo que regula su funcionamiento, su capacidad física, de ahí el propósito de habilitar dos nuevos edificios para los servicios de emergencia, el fortalecimiento de su estructura y separar lo que son emergencias de lo que no lo es, como ocurre con el transporte sanitario no urgente.
El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, presidente a su vez del Consejo de Administración de GSC, ha reiterado que la voluntad del Gobierno canario es que los trabajadores de esta empresa recuperen el 5% de su salario, perdido en 2010, y así lo demuestra el acuerdo suscrito con ellos en 2021 y la reserva de los fondos necesarios, que aún no se ha podido materializar porque, a su vez, Hacienda ha considerado que no se cumple las reglas fiscales establecidas, como la regla de gasto en 2019.
Pérez también ha valorado el trabajo efectuado por el actual gerente y ha explicado que su dimisión se debe a que no está de acuerdo con la nueva estructura de dirección implantada, que ha calificado de más operativa, porque permite una mejor supervisión del funcionamiento de la empresa. Ha confesado que no ha podido convencerle de que continuara.
También ha hecho referencia a la conciliación y a la desconexión digital, que ha admitido no se alcanza en situaciones excepcionales y que se trabaja para que llegue a todos los trabajadores.