La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, ha visitado este martes La Palma, para comprobar la incidencia que está teniendo la erupción del volcán acontecida el pasado domingo. Santana mantuvo un encuentro con los responsables del área social en las instituciones de la isla, así como con las servicios de emergencia que están actuando sobre el terreno.

La consejera también conversó con los evacuados que se encuentran en estos momentos en el Acuartelamiento El Fuerte de Breña Baja, a los que expuso el compromiso de encontrar una solución más adecuada para afrontar los días que deben pasar fuera de sus casas. A su vez, les expuso que el departamento que dirige priorizará la resolución de las prestaciones sociales que se soliciten en La Palma.

Entre otras medidas, el área de Derechos Sociales del Ejecutivo canario agilizará la tramitación de las 140 nuevas solicitudes y 41 renovaciones de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) correspondientes a la isla de La Palma. Este anuncio fue realizado por la consejera en el transcurso del encuentro que mantuvo en la isla, entre otras, con su homóloga del Cabildo de La Palma, Nieves María Hernández, para abordar qué medidas se pueden llevar a cabo para apoyar a la ciudadanía de la isla afectada por la erupción del volcán.

“Nuestra prioridad en este momento es conseguir una alternativa mejor para las personas que se han visto desafortunadamente obligadas a abandonar sus casas. Las instalaciones acondicionadas de emergencia han cumplido su labor como primera medida de reacción pero debemos trabajar en encontrar una solución mejor para las personas que peor lo están pasando”, indicó la consejera, algo que transmitirá en el encuentro que mantendrá este mismo martes con el presidente canario, Ángel Víctor Torres.

La responsable de Derechos Sociales se reunió posteriormente con el alcalde del municipio de El Paso, Sergio Rodríguez, quien la guió por algunas de las zonas más afectadas por el impacto de la erupción, donde Santana pudo tomar nota de las necesidades que le expresaban tanto vecinos como los responsables de las instituciones que tutelan los municipios más afectados.