El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, planteará este miércoles al Gobierno central la necesidad imperiosa de que no impida el endeudamiento a largo plazo de una comunidad autónoma, como la canaria, con la menor deuda del Estado y tampoco se oponga al uso del superávit y los remanentes del propio Ejecutivo autónomo y las corporaciones locales, que en conjunto suman cerca de 4.000 millones de euros en los bancos. Advierte de que, si no se autoriza esas operaciones, se agravaría en Canarias la crisis económica y social desencadenada por el Covid-19.
Rodríguez trasladará este y otros planteamientos a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una reunión de carácter bilateral solicitada por el vicepresidente para negociar la aplicación de medidas singulares en Canarias, en proporción a la virulencia de la crisis económica que se avizora en el Archipiélago dada su alta dependencia del sector turístico y a la saneada situación financiera de las administraciones públicas canarias.
El vicepresidente solicitó por escrito la reunión el pasado martes, al día siguiente del encuentro por videoconferencia entre la propia ministra y los consejeros autonómicos de Hacienda, en la que se explicó el reparto del fondo de 16.000 millones de euros que el Gobierno central tiene previsto distribuir entre las comunidades autónomas.
A la vista de los “discutibles” criterios elegidos por el Ministerio, Rodríguez planteó la convocatoria de un encuentro bilateral mediante una carta a la ministra, que ésta respondió en apenas dos horas, “lo que es de agradecer”. No obstante, “llega la hora de los hechos, no solo de los gestos”.
Entre los hechos que va a demandar, da prioridad a que “el Gobierno central nos transfiera la pérdida de ingresos fiscales propios o, sobre todo, nos autorice ampliar el endeudamiento a largo plazo, además de utilizar nuestro superávit por algo que debiera ser muy fácil de entender como es que tenemos más necesidades y menos ingresos que el resto de las Comunidades Autónomas, aparte de que somos la menos endeudada del Estado”.
El vicepresidente subraya que, además, “defendemos el derecho de cabildos y ayuntamientos a utilizar sus remanentes y el superávit. Ellos y el Gobierno canario estamos totalmente de acuerdo en esas exigencias, vamos de la mano para reclamar decisiones con las que combatir la crisis sanitaria y social del Covid-19, y afrontar la reactivación económica. Tenemos la autoridad moral de que tanto el Gobierno como las corporaciones locales de Canarias hemos cumplido como nadie con las reglas económico-financieras”.
Plan para la Reactivación Social y Económica
Ante la caída en picado de los ingresos tributarios, la reivindicación de un mayor endeudamiento y el uso del superávit y remanentes “es la única fórmula para que no caigan las inversiones, que tienen que ser intocables, y no haya recortes en los servicios públicos esenciales, posibilidad a la que nos oponemos frontalmente y que no permitiremos, así como para financiar las medidas del Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias”.
“Que Canarias va a ser de los territorios del Estado más perjudicados por la crisis no lo decimos solo nosotros, sino también analistas independientes; el último informe conocido es de BBVA Research, que apunta a una pérdida del PIB del 13 por ciento”, dijo Rodríguez.
Todo ello precisa de una acción firme del Gobierno de España y un pronunciamiento claro sobre cómo aplicará la suspensión de las reglas fiscales decidida por la Unión Europea con respecto a las comunidades autónomas y corporaciones locales. Una flexibilización de la que Canarias quiere participar en cuanto a déficit y endeudamiento
Mil millones menos de ingresos
El Gobierno de Canarias va a dejar de ingresar este año 1.000 millones de euros con respecto a lo presupuestado y las corporaciones locales, más de 500 millones.
Ante este escenario, el vicepresidente entiende que “el Gobierno de España ha de comprender que debe compensar por semejantes pérdidas a la Comunidad Autónoma, cabildos y ayuntamientos, diferencialmente más perjudicados que el resto de administraciones públicas de España como consecuencia de nuestra estructura impositiva, con mayoría de recaudación de tributos propios que no se contempla en las previsiones del Estado”.
En relación al nuevo fondo de 16.000 millones, Rodríguez ha insistido en que es “discutible”, tanto por el concepto de tres cajas en que se divide como por los criterios que se pretende aplicar a cada una, de tal modo que, según está planteado, perjudica claramente a Canarias. “Por ejemplo, de los 1.000 millones de decremento en la recaudación tributaria por parte del Gobierno de Canarias, apenas aspiraríamos a que nos compensaran en parte la pérdida por tributos cedidos, que será de unos 300 millones”, subrayó.
Los recursos económicos que genera Canarias procedentes de su fiscalidad propia tienen una importancia significativamente superior que en el resto de comunidades autónomas de régimen común (en 2019, un 18,8% del total de ingresos presupuestados, frente a un 7,7%), reflejada en tributos como el IGIC, el AIEM y los impuestos propios sobre los combustibles derivados del petróleo y sobre las labores del tabaco.
El vicepresidente canario también insistirá a la ministra en la necesidad de convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, al objeto de analizar y debatir que en el levantamiento de las reglas fiscales (déficit, deuda y techo de gasto) participen las Comunidades Autónomas, no lo gestione exclusivamente la Administración General del Estado.
