El Gobierno de Canarias combatirá la crisis económica desatada por el coronavirus y hará frente a una eventual emergencia de tipo social sin necesidad de subir los impuestos ni recortar el gasto público, según explicó hoy en el Parlamento el vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, “aun cuando estaremos condicionados por las políticas a las que nos vinculen el Estado y la Unión Europea”.
El vicepresidente se refirió, en sucesivas preguntas formuladas por los grupos parlamentarios en la Comisión de Hacienda, a las medidas adoptadas por el Ejecutivo autónomo para hacer frente a los desafíos provocados por la pandemia, al tiempo que adelantó las previsiones que maneja su departamento sobre el particular.
Una gestión que deberá conciliar la pérdida de ingresos derivada de la caída de la recaudación con el aumento del gasto destinado a sufragar los servicios públicos esenciales, el apoyo a los colectivos vulnerable, la inversión y el fomento de los sectores productivos.
Rodríguez precisó que una correcta administración de los ahorros acumulados por las instituciones canarias en los últimos años -unos 4.000 millones de euros- podría mitigar la pérdida de ingresos tributarios.
Si no alcanzara con esta cantidad, el Gobierno acudiría a la vía del “endeudamiento moderado, pactado y temporalizado” para obtener, previa autorización del Ejecutivo central, 500 millones anuales extra de financiación hasta el año 2023.
El vicepresidente recordó que a estas cantidades, que se utilizarán para compensar la pérdida de ingresos, se deberán añadir las transferencias del Gobierno de España y de la Unión Europea, a través de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 y del nuevo Marco Financiero Plurianual de la Unión 2021-2027. En este caso, los fondos recibidos se utilizarían para implementar nuevas políticas, entre ellas las concebidas para luchar contra el cambio climático y la economía digital.
Rodríguez reiteró durante sus intervenciones que el Gobierno de Canarias mantendrá “contra viento y marea” su posición de no elevar los impuestos mientras dure la crisis, aun considerando que la intensificación de una política fiscal progresiva en época ordinaria es determinante para avanzar hacia una sociedad más justa, solidaria y equitativa.
“Estamos en mitad de una crisis que será profunda y no es momento de subir los impuestos, pero tampoco de realizar recortes brutales como hizo el gobierno conservador del PP en la crisis anterior”, señaló.
En esta dirección, subrayó que el Ejecutivo canario pugnará por mantener su actual diferencial fiscal, pero también por el esfuerzo en el gasto público, que permita el mantenimiento de los servicios públicos esenciales y el apoyo a las familias y empresas y a los sectores productivos.
El vicepresidente recordó, en otra de sus intervenciones, las medidas puestas en marcha por la Consejería de Hacienda para combatir los efectos de la crisis; entre ellas, distintas iniciativas de flexibilización de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, que han permitido inyectar cientos millones de euros a la economía canaria, o el impulso de una línea de préstamos por 180 millones de euros para pymes y autónomos.
Acierto de Europa
Rodríguez también participó en la Comisión de Asuntos Europeos, donde también se refirió a las iniciativas de reconstrucción puestas en marcha por las instituciones europeas, que “afortunadamente esta vez van en dirección diferente a las que adoptó en la última crisis, basadas en los recortes y el austericidio, y ahora se sustentan en una importante emisión de deuda pública”.
El vicepresidente confió en que Canarias se verá beneficiada por los instrumentos financieros aprobados por la Unión, como el MEDE, el SURE o por el Banco Europeo de Inversiones, pero sobre todo con el aumento de 750.000 millones de euros del presupuesto comunitario para el nuevo período 2021-2027. De esta cantidad extra, dos tercios serían ayudas y el resto, préstamos.
Rodríguez avanzó que el próximo 15 de julio habrá una reunión de presidentes de las regiones ultraperiféricas de la Unión, en la que se analizará la posición común de esto territorios y su participación de los presupuestos europeos a la vista de la situación generada por la pandemia del coronavirus.
