El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se mostró convencido hoy, durante la sesión de control del pleno del Parlamento regional, de que el Gobierno de España mantendrá el actual escudo social creado por las consecuencias de la crisis sanitaria y socioeconómica desatada por la pandemia de la COVID-19, aunque al final se levante el estado de alarma a partir del próximo 9 de mayo. Esta es la fecha que baraja el presidente español, Pedro Sánchez, si los datos sanitarios y el ritmo de vacunación, “que están estrechamente ligados”, aconsejan ese levantamiento. Ante esto, Torres reflejó que resulta imprescindible que gran parte de las medidas sociales y de protección de las trabajadoras y trabajadores o de los sectores más vulnerables de la sociedad se mantengan “el tiempo preciso”.
El jefe del Ejecutivo regional se refirió, sobre todo, a mecanismos que han resultado cruciales para amortiguar los efectos de la crisis, como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), especialmente relevantes en Canarias (región que hoy copa el 14% de ese recurso de apoyo laboral) por el mayor peso que tiene el turismo y el impacto de las restricciones a la movilidad. Como ha hecho en múltiples ocasiones, Torres dejó claro que los ERTE, que han permitido que los trabajadores mantengan su vinculación contractual con sus empresas pese a la pérdida de actividad percibiendo desde el Estado el 70% de sus salarios, han de prorrogarse tras ese eventual levantamiento del estado de alarma y más allá de su vigencia actual, el 31 de mayo de 2021, durante el tiempo que sea necesario.
Además, el presidente de Canarias considera que el escudo social creado por el Gobierno central no debe quebrarse tampoco en lo relativo a las ayudas a los alquileres, las medidas para evitar los desahucios o el apoyo para el pago de luz y el agua. Según subrayó Torres, Canarias aportará al mantenimiento de ese colchón social la futura Ley de Renta de Ciudadanía, que completará la Prestación Canaria de Inserción (PCI), el Salario Mínimo Vital y otras ayudas sociales directas, el respaldo a los alquileres de familias vulnerables y un aumento de las partidas para entidades del Tercer Sector, como Cruz Roja o Cáritas, entre otras.
Torres recordó que las aprobaciones anteriores de los estados de alarma siempre fueron consideradas por su Ejecutivo como una buena noticia por las medidas excepcionales que éstos facilitaban o permitían ante la casuística tan compleja que originaba la pandemia, como fueron la licitación más rápida de obras o la concesión de ayudas más ágiles. Además, subrayó que el decreto ley sobre los desahucios incluye la opción de prolongarlo, como también existe la posibilidad de extender la manutención de los niños de familias más vulnerables en caso de cierre de los colegios, o ampliar los bonos sociales o las ayudas a las empresas en dificultades.
Proyectos de modernización para las dos universidades públicas.
El presidente de Canarias también se refirió a los proyectos a los que aspiran las dos universidades públicas canarias a financiar con los fondos de europeos REACT-EU (2021- 22) y otros recursos del Estado, principalmente enfocados a la sostenibilidad, la eficiencia energética, nuevos equipamientos o movilidad de investigadores.
Esas iniciativas se han coordinado con la Consejería de Educación y ya se han presentado al Ministerio, si bien aún no se ha concretado la distribución de partidas. Se cuenta con un total de 120 millones de euros del REACT-UE. Torres espera que estas partidas y otras ayuden a transformar aún más la economía canaria y “supongan un plus para las dos universidades públicas”. Al mismo tiempo resaltó los 12 millones que vendrán del Estado en 2021 para escuelas infantiles o los 20 de 2022, con el fin de crear unas 3.000 nuevas plazas anuales hasta 2023. Asimismo, aludió a los fondos para la Formación Profesional, para libros de texto o para la atención al alumnado vulnerable.
Sobre su reciente reunión en Madrid con el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, el presidente de Canarias subrayó que fue una cita “fructífera y con compromisos”. Entre otros, destacó que, seguramente en el próximo mes de junio, Canarias estrenará las reuniones de la Comisión Bilateral creada el año pasado entre el Estado y diversas comunidades autónomas, reunión en la que se prevé que las Islas puedan iniciar el proceso para asumir la gestión y administración del litoral del Archipiélago. Para Torres, ese paso, demandado durante decenios, tiene una gran importancia y ha de venir acompañado de los recursos, medios y expedientes necesarios, algo que también reclama para cuando se traspasen las competencias sobre defensa de la competencia en el ámbito local y la tutela financiera, todas en cumplimiento del Estatuto de Autonomía renovado en octubre de 2018. “Vamos por el camino correcto”, concluyó el presidente Torres.
Erradicar el uso partidista de la migración.
Torres volvió a pedir a los grupos de la oposición que no se haga partidismo con el fenómeno de la migración; que se valore la gestión que está haciendo Canarias de las únicas competencias que tiene en esa materia, que es la de los menores no acompañados, y que algunos representantes de partidos de la oposición convenzan a presidentas de comunidades autónomas como la de Madrid para que, “al menos”, respondan a las cartas remitidas desde Canarias para la búsqueda de solidaridad en la gestión de esos menores.
Además, Torres insistió en que Canarias está en condiciones de vacunar al 70% de su población este verano. Para ello, detalló hoy que están disponibles expresamente 1.500 enfermeros y que se dispondrá de 250 puntos de vacunación y de grandes centros, como el de Meloneras, Infecar, Magma y el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. “Esta es la clave para la recuperación económica. La vacuna significa seguridad y los canarios quieren vacunarse”, recalcó el presidente de Canarias.
