La Vicepresidencia del Gobierno de Canarias ha concedido en 2021 unos 1,5 millones de euros en ayudas a 60 colectivos sociales, “lo que demuestra la sensibilidad del Gobierno con los sectores más vulnerables de la sociedad”, según indicó el titular del departamento y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez. Del mismo modo, se apoyó también a los afectados por el volcán de La Palma, a través de tarjetas monedero gestionadas por Cruz Roja.
Las subvenciones abarcan a diferentes organizaciones y entidades sin ánimo de lucro, como los Bancos de Alimentos, Cáritas o Cruz Roja en las islas capitalinas que, por su propia dimensión al actuar en todo el Archipiélago, centraron casi la mitad de las ayudas otorgadas. El resto se distribuyó entre colectivos culturales, deportivos y de atención a la discapacidad en diversas Islas.
Estas subvenciones se integran en la línea de cooperación abierta por Vicepresidencia con el denominado Tercer Sector y que han permitido contribuir a la ejecución de proyectos de especial sensibilidad social en el conjunto del Archipiélago, subrayó Rodríguez.
Entre las entidades beneficiarias se encuentran la Asociación de Discapacitados de Lanzarote (Adislan), la fundación Cruz Blanca, en Tenerife; Adepsi, en Las Palmas de Gran Canaria; Radio Ecca; la Fundación Yrichen; la Fundación Alejandro Da Silva contra la Leucemia; la Asociación de Síndrome de Down de Las Palmas y la de Trisómicos 21 de Tenerife; la Asociación Adissur; la Asociación Amador Frontera de El Hierro o la Asociación de Cáncer de Mama de Tenerife AMATE.
La directora general de Relaciones Institucionales de la Vicepresidencia, Carmen Nieves Gaspar, explica que “estas organizaciones demandan más que nunca ayuda de lo público para compensar esa parte de apoyo que lo privado ha dejado de prestarles, en razón de las evidentes dificultades que atravesamos”.
En todo caso, Gaspar indica que “sabiendo que queda muchísimo por hacer, y que éste es solo un granito de arena más, cada aportación contribuye a hacer crecer esa gran montaña que entre todos hemos de levantar, y con ello lograr una sociedad mejor y más justa; una pequeña parte de los muchos recursos gestionados por las administraciones, que no hemos de entender como fruto de la generosidad de los gestores públicos, sino como manifestación de solidaridad de la sociedad canaria en su conjunto”.
Un catálogo de servicios
Es precisamente ese compromiso el que justifica, por ejemplo, la contribución la Vicepresidencia a la elaboración del catálogo de servicios en los Centros Especiales de Empleo de Canarias, que se presentó a mediados de diciembre.
Gaspar recordó que la Asociación de Centros Especiales de Empleo de Canarias agrupa a 23 entidades, cuyo objetivo es incorporar al mercado laboral a personas con discapacidad. Estos centros suman actualmente cerca de 3.000 empleados con diversidad funcional. El catálogo tiene carácter autonómico y servirá para poner en valor las empresas de economía social que operan en las Islas y dar a conocer sus actividades y ubicación, además de facilitar el contacto con las mismas.
La directora general destacó que la creciente competitividad y exigencia del mercado laboral dificulta la integración de las personas con discapacidad o diversidad funcional, por lo que la acción de los centros especiales, en coordinación con las administraciones públicas, resulta imprescindible.
A este respeto, detalló que el último informe del Ministerio de Trabajo y Economía Social señala que la contratación de personas con discapacidad cayó en 2020 un 30 por ciento y que el colectivo tan solo representa el 1,56% de los contratos realizados durante el año 2020, a pesar de que constituye el 6,2% de la población activa.
