El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife acogió esta mañana una rueda de prensa de la alcaldesa de la ciudad, Patricia Hernández, que acompañada por todo el equipo de gobierno, informaba a los medios de comunicación de la devolución del dinero «expoliado» a la ciudad por la operación de Las Teresitas. Así, comenzó su comparecencia anunciando que “se acaba la impunidad” y comunicando la firma de un acuerdo con uno de los condenados, Antonio Plasencia, que garantiza el pago de 95 millones de euros de los 97 a los que asciende la deuda total por el caso Las Teresitas.
Según anunció la alcaldesa, además del montante ya consignado durante este primer año de Gobierno de 2,3 millones de euros que se encuentran en las arcas públicas -y en las que había 100 euros a su llegada a la alcaldía-, gracias a este acuerdo registrado hoy se sumarán en concepto de dación en pago los dos edificios que ya habían quedado inmovilizados por los tribunales por petición del actual gobierno municipal, es decir, el edificio en el que actualmente está la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y el de Cabo Llanos que quiso comprar el Cabildo de Tenerife, “que suman de 52 a 55 millones de euros”, puesto que existe una discrepancia sobre su valor real que se determinará en las próximas fechas.
Con respecto a los casi 40 millones de euros que faltarían para completar del total de la deuda, Patricia Hernández explicó que el pago se fracciona en los próximos 14 años, aunque con la garantía hipotecaria, en caso de impago, de otros bienes de Plasencia como son el aparcamiento del Centro Comercial Bulevar, el Hotel Urban Anaga y unos terrenos en La Gallega, con los que se quedaría el Ayuntamiento si finalmente no se entrega todo el dinero en dicho plazo.
Hernández también aclaró que “se seguirá reclamando lo que resta del dinero hasta que se pague la totalidad y se le devuelva a Santa Cruz. Igual se creen que después de este acuerdo, no iremos a por ellos, pero sí vamos a ir”.
Hernández recalcó que “las responsabilidades civiles de este tamaño después de una condena penal se ejecutan y no terminan sólo con los condenados en la cárcel, que por supuesto también, sino pagando lo que hurtaron, lo que robaron a la ciudad de Santa Cruz” y admitió que han sido “días y noches de desvelo, de esfuerzo callado, discreto, de trabajo de investigación”.
Además, enfatizó que: “hoy es el día en el que damos un ejemplo a la sociedad ya que se acabó la impunidad, y damos también el ejemplo a los dirigentes políticos de que con determinación se consigue”.
Tal y como insistió la regidora municipal, desde la primera Junta de Gobierno celebrada hace un año, quedó clara la hoja de ruta de la nueva Corporación: “Hasta que no se recuperara el último euro de lo expoliado a Santa Cruz, no se haría justicia y nosotros teníamos la obligación no sólo moral, sino política de recuperar el dinero de Las Teresitas”.
Sin esconder que se encontraba exultante, la primera edila apuntó que es “relevante recordar todo lo que se podrá hacer con ese dinero: construir viviendas, mejorar los espacios públicos, mejorar la vida de los chicharreros y chicharreras, podremos hablar de alcantarillado y alumbrado en la misma playa de Las Teresitas donde se produjo el expolio”.
Caso único en España
Patricia Hernández quiso recordar la particularidad de este acuerdo que permite ejecutar en todos sus términos las sentencias judiciales sin causar ningún menoscabo a los intereses de Santa Cruz de Tenerife, puesto que no se ha permitido que se realizara ningún tipo de acuerdo o rebaja “y los intereses que se han fijado son los mismos que para cualquier hijo de vecino”, dicho en sus propias palabras.
“Es la primera vez en España que se cobra una responsabilidad civil de este tamaño y en su totalidad y es la mejor manera posible de hacer justicia y de culminar este proceso que le preocupaba enormemente no solo a este Ayuntamiento sino sobre todo al conjunto de los chicharreros y chicharreras”, aseguró la primera edila.
Por su parte, la primera teniente de alcaldesa y concejala de Promoción Económica, Matilde Zambudio, destacó que “es un día grande, importante y de alegría para Santa Cruz y la justicia”, porque en “tan sólo un año se ha conseguido esta propuesta de pago”.
La edila se puso “la toga de jurista” para valorar el convenio y destacar que se ejecute la sentencia “en la totalidad de sus términos”. En este sentido, puso en valor que el Ayuntamiento “ha sido exquisito a la hora de fijar la cuantía y no se ha negociado ni con un sólo céntimo de lo que corresponde a los vecinos y vecinas de Santa Cruz, se garantiza el pago del cien por cien de la condena, después de que el anterior gobierno ni siquiera había solicitado los intereses”.
Zambudio insistió en que no recordaba ninguna sentencia en que la responsabilidad civil había conseguido garantizar el pago al cien por cien y que el equipo de gobierno no iba a suscribir ningún acuerdo “si había una sola quita al dinero del municipio”.
La concejala celebró que “viendo el expediente se ha demostrado que querer es poder” y recordó que “han pasado muchos años en los que se podían haber hecho muchas acciones antes de llegar nosotros para asegurar el cobro de la deuda”, pero, añadió que “en el expediente no había nada, solo una adhesión la demanda del Ministerio Fiscal, no se había sido proactivo para llevar a cabo esa responsabilidad civil que se debía a los vecinos”.
Tal y como reconoció Zambudio, “la diferencia es sustancial porque solo había en las cuentas con cargo a esa sentencia cien euros, y en un año hemos conseguido cien millones”. Concluyó diciendo que “recuperar y garantizar el dinero es para brindar, porque además llega en un momento de crisis sanitaria”.
Voluntad política
El segundo teniente de alcalde, concejal de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos, José Ángel Martín, también admitió su frustración cuando al llegar el nuevo equipo de gobierno comprobó que “no se había ni siquiera pedido una liquidación de intereses, 40 millones de euros que eran del pueblo de Santa Cruz”.
Martín se reconoció emocionado por el acuerdo alcanzado y recordó “las súplicas desde la bancada de la oposición a un gobierno que estaba claramente siendo cómplice de no querer cobrar un euro de Las Teresitas”. En este sentido, calificó de “impotencia y frustración lo que se siente cuando el que tienes en frente, que debe defender el interés general, el interés público no hace nada”.
El concejal continuó recordando “el mal trago” que les hicieron pasar a los que denunciaron lo que ocurrió en Las Teresitas y concluyó apuntando que, “eliminada hoy esa frustración e impotencia”, se siente muy orgulloso de estar junto a “una alcaldesa que ha hecho honor a sus palabras y ha tenido empuje como nadie ha tenido nunca al frente del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en un año de durísimo trabajo, donde ella, personalmente y en primera persona se puso a capitanear la recuperación de estos 95 millones de euros”.
Martín se mostró convencido de que este convenio se estudiará en las universidades como ejemplo de “cómo se tienen que defender el interés general y público de los ciudadanos, cómo con voluntad política se consiguen las cosas” y argumentó que le emociona “la diferencia que hay entre un representante público que decide no hacer nada y entregar un Ayuntamiento con 100 euros en una ejecución de sentencia de 100 millones de euros, a estar hoy al lado de una alcaldesa que ha recuperado ese dinero para las arcas públicas municipales”.
Para Martín “estamos ante un momento histórico” que no hubiera sido posible sin la alcaldesa y la propia Zambudio, quien propició “un cambio de rumbo” con su decisión de apoyar el nuevo gobierno hace ahora justamente un año.