El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley con medidas dirigidas a reducir en un 22% de media la factura final de la electricidad de los consumidores hasta final de año.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha señalado que el compromiso del Gobierno, anunciado por su presidente, Pedro Sánchez, es lograr que el precio promedio pagado por un consumidor en 2021 sea equivalente al que pagó en el año 2018.
Ribera ha destacado que el Ejecutivo ha trabajado siempre de forma coherente con su objetivo de lograr un sistema energético limpio, eficiente, con precios asequibles y que facilite la diversificación y la democratización de los actores que participan en él. Así, ha recordado las medidas adoptadas sobre producción y consumo -impulso del autoconsumo y comunidades energéticas locales-, eficiencia energética, estructura fiscal –rebaja del IVA del 21 al 10%– y protección social de los consumidores energéticos más vulnerables a lo largo de la legislatura.
Sin embargo, la ministra ha reconocido la necesidad de responder a la situación extraordinaria que han generado los precios récord del mercado mayorista de electricidad en España y el resto de países de la Unión europea, derivados de la cotización de las materias primas gas natural y dióxido de carbono (CO2): «Aunque las principales variables que determinan su evolución están fuera del control de los gobiernos de la Unión Europea (UE), hemos centrado nuestra atención en aquello que sí podemos hacer, en los parámetros más importantes de la factura eléctrica».
Las medidas aprobadas hoy, ha continuado Ribera, respetan el marco europeo y constitucional y la rentabilidad de las empresas, tienen en cuenta a los consumidores domésticos y las pymes, pero también a la gran industria y a las comercializadoras independientes.
Suministro Mínimo Vital y limitación de la factura del gas
Teresa Ribera ha destacado dos medidas con especial incidencia en hogares y pymes: la creación de un suministro mínimo vital para consumidores vulnerables y la limitación de la factura del gas de los próximos meses.
Una reforma de la ley del sector eléctrico permitirá aumentar en seis meses la prohibición de cortes en el servicio a los beneficiarios del Bono social eléctrico, actualmente fijada en cuatro meses.
Respecto al gas, según los datos aportados por la ministra, la repercusión del incremento de los precios internacionales del gas natural podría hacer subir la factura en más del 28% en otoño e invierno, por lo que se establece un nuevo mecanismo durante seis meses para reducir este impacto.
Medidas fiscales
Con el objetivo de rebajar el coste de la electricidad, el 7% del Impuesto de Producción Eléctrica que estaba ya suspendido para el tercer trimestre de 2021 seguirá estándolo hasta el 31 de diciembre. Asimismo, se reduce el Impuesto Especial a la Electricidad al tipo mínimo que permite la UE -del 5,1% al 0,5%- y se inyectan 900 millones de euros adicionales procedentes de los ingresos derivados de la subasta de derechos de emisión comunitarios.
Sector eléctrico
El Real Decreto-ley plantea la minoración temporal del exceso de retribución que están obteniendo las centrales de generación eléctrica no emisoras de CO2 en el mercado mayorista gracias a la repercusión sobre el mismo de unos costes de gas que no soportan.
«Por cada euro que sube el precio del gas en los mercados internacionales suben dos euros los precios de la electricidad en el mercado mayorista, y ese precio final del mercado mayorista es el que reciben todas las generadoras de electricidad con independencia de cuáles sean sus costes operativos», ha explicado la ministra, quien ha apuntado que estas compañías deben contribuir con parte de esos beneficios extraordinarios al menos durante esta situación excepcional, que se prevé se mantenga hasta marzo de 2022, por lo que la minoración se establece hasta el 31 de ese mes.
Por otro lado, se adopta un nuevo modelo de fijación de precios de la electricidad a través de subastas de contratos de compra de energía en las que los operadores dominantes -Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP- deberán ofertar un porcentaje de su capacidad de generación y las pequeñas comercializadoras o los grandes consumidores e industrias podrán adquirirla. «De esta forma se podrá fijar un precio distinto, y normalmente más bajo, que el del mercado mayorista», ha puntualizado Ribera.
Preservación de ecosistema en los embalses
La ministra ha resaltado una medida adicional para la protección del medio ambiente, los ecosistemas acuáticos y los territorios afectados por grandes embalses y para asegurar que se hace un uso racional del agua como recurso de producción eléctrica. Se modificará la Ley de Aguas para que se fije un régimen mínimo y máximo de los caudales mensuales que puedan turbinar las compañías hidroeléctricas, lo que evitará episodios de desembalses súbitos como los ocurridos este verano.
Tramitación de urgencia
Ribera, finalmente, ha anunciado que el Gobierno solicitará al Congreso de los Diputados la tramitación urgente de dos Proyectos de Ley relacionados con la regulación del sector eléctrico. El primero, por el que se crea el Fondo Nacional de sostenibilidad del sistema eléctrico, se envió a las Cortes tras ser aprobado en Consejo de Ministros 1 de junio. El segundo, el Proyecto de Ley por el que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico, fue remitido el 21 de agosto.
Ribera ha justificado la premura porque «estas dos medidas por sí solas representarán alrededor de un 13% de reducción en la factura eléctrica de los consumidores medios cuando se acaben de implementar en su totalidad».
