La erupción volcánica en La Palma ha provocado hasta el momento, en una primera estimación, daños por 906,8 millones de euros, según el cálculo realizado por las instituciones canarias -ayuntamientos, Cabildo y Gobierno- y adelantado hoy en el Parlamento por el vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez.
La estimación, que tramita la Subdirección de Gestión de Fondos Europeos, incluye los daños públicos y privados e incorpora los costes de intervención de las administraciones, a excepción de los atribuibles al Estado. Precisamente, los ministerios del Gobierno de España añadirán su propia evaluación en el expediente definitivo que remitirán a las autoridades europeas.
Rodríguez, que precisó que la cuantificación de daños excluye, de momento, los destrozos provocados en las redes eléctricas, subrayó también que la aportación de la Unión Europea para la compensación por los daños se limitaría, en todo caso, al 2,5% del total, conforme a las condiciones del Fondo de Solidaridad europeo.
En respuesta a una pregunta formulada por el Grupo de Podemos en relación con las ayudas a los afectados, el vicepresidente insistió en que más allá de la disposición de recursos económicos es preciso gestionar diligentemente las mismas “para que lleguen con la mayor celeridad a aquellos que las necesitan”.
Rodríguez aseguró que el dispositivo de respuesta interdepartamental está siendo “amplio y coordinado” y destacó la compra de viviendas, las ayudas para enseres, el Plan de Empleo que se pondrá en marcha o los ERTE ya en marcha para 1.575 personas, lo que permitirá paliar las dificultades económicas de los damnificados.
El vicepresidente precisó que el Ejecutivo autónomo ha reservado ya 40 millones de euros para la emergencia, a los que se suma la previsión de otros 224 millones por parte del Gobierno de España “y los que buscaremos ahora en Europa”. Además, los Presupuestos autonómicos para 2022 incorporan la disponibilidad de otros 100 millones de euros.
Rodríguez recordó, además, que desde su propio departamento se ha puesto en marcha una batería de medidas de tipo tributario mediante decreto-ley, como la práctica eliminación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para las viviendas nuevas que sustituyan a las destruidas por la lava o el tipo cero en el IGIC que grava las entregas de vivienda, de terrenos, alquileres y vehículos. También se han activado medidas de ampliación de los plazos tributarios. Por ese mismo decreto, se creó la Oficina de Atención a los Afectados y una comisión interdepartamental de coordinación entre los departamentos del Gobierno.
Del mismo modo, Hacienda ha gestionado la creación del Registro Único de Personas Afectadas por el que se agiliza la concesión de ayudas por parte de las diferentes administraciones, de modo que con solo darse de alta en el mismo ya se da por presentada la solicitud de subvenciones.
