El concejal de Ordenación del Territorio del Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, avisa de que “el acuerdo adoptado en el pleno de ayer por Coalición Canaria y el concejal tránsfuga” puede acabar derivando en la apertura de un expediente económicamente sancionatorio a miles de familias, empresas y entidades deportivas, asociativas o eclesiásticas.
“Coalición Canaria (CC) pretende que el actual Gobierno haga lo que ellos no hicieron nunca entre 2015 y 2019, de tal forma que si ese acuerdo fuera obligatorio habría que abrir expediente sancionatorio a todas esas personas, empresas o entidades. Es el regalo, la felicitación de CC para estas Navidades”, señaló el concejal.
Y luego anunció que remitirá el acuerdo a los Servicios Jurídicos de la Gerencia: “Si no es vinculante, que es lo que creo aunque no me corresponde a mí determinarlo, no lo vamos a ejecutar. Pero si el acuerdo es vinculante, e insisto en que tendrán que decidirlo los Servicios Jurídicos de la Gerencia, habrá que abrir un expediente sancionatorio a todas las personas, empresas y entidades. Es la tarjeta de felicitación de Navidad de CC, o el regalo de Reyes, como prefieran, pero quiero que la ciudadanía sepa que lo advertí hace ya dos semanas”.
Santiago Pérez añade que “todo esto ha sido un montaje con el que pretendían que se le abriera un expediente solo a tres ciudadanos, pero no por actuaciones que realizaran en el ejercicio de sus cargos, sino en tanto que ciudadanos particulares”.
Y “abrir un expediente sancionatorio sólo a unos ciudadanos, por unas infracciones que tienen la entidad que tienen, es discriminatorio y contrario a lo establecido en la Constitución Española. Por eso el Secretario de la Corporación lo advirtió y ellos reformularon su propuesta para acabar presentando la que ayer ha sido aprobada solo con sus votos y que podría tener las consecuencias indicadas”.
El Pleno del Ayuntamiento de La Laguna, celebrado ayer con carácter extraordinario, aprobó la propuesta de Coalición Canaria (CC), exclusivamente con sus votos y el del concejal no adscrito, una resolución que insta a la Gerencia de Urbanismo a que abra un expediente sancionatorio a todas las personas, empresas o entidades que hayan sido objeto de un expediente de Disciplina Urbanística en los últimos años (pueden ser entre 1.000 y 2.000 personas empresas y entidades deportivas, asociativas o eclesiásticas).
A estas personas, empresas o entidades se les abrió en su momento un expediente para restablecer la legalidad urbanística (lo que se llama un expediente de disciplina urbanística) cuyo objeto es analizar las actuaciones que se hayan realizado sin licencia, para ver si esas actuaciones son legalizables o no, y llegado el caso obligar a su demolición para el restablecimiento de la legalidad.
La prioridad actual de la Gerencia de Urbanismo, en virtud de una instrucción de Santiago Pérez, es dedicar los principales esfuerzos a combatir las infracciones urbanísticas más graves, que son las que más repercusiones tienen sobre el territorio especialmente el suelo agrario y el natural, aquellas cuyos efectos son más irreversibles y las que generan más alarma social por su propia gravedad.
La Administración no tiene todos los recursos humanos, ni los medios tecnológicos ni los recursos presupuestarios para afrontar todas las infracciones urbanísticas que son muchas. Y “la tarea de dirección política consiste en establecer prioridades, no se impide que se investigue ninguna ni que se sancione en su caso a ninguna, pero se establece en prioridades y las prioridades del actual Gobierno, y las mías como consejero de Urbanismo, son las que acabo de expresar”, señaló.
Pues bien, “Coalición Canaria, exclusivamente con sus votos, ha logrado que el Pleno apruebe un acuerdo instando a la Gerencia de Urbanismo a que a todas esas personas entidades y empresas haya que abrirles además un expediente sancionatorio, es decir, otro expediente para imponerles una multa”.
Y ello a pesar de que “de 2015 a 2019 no se abrió ningún expediente sancionatorio, ninguno, ni uno solo. Y desde entonces se ha abierto uno solo, a una empresa que cometió una infracción urbanística impresionante en el ámbito de Geneto: sin título jurídico, sin autorización y en contra de planeamiento, instaló una campa de vehículos a cielo abierto de 100.000 metros cuadrados, equivalente a 10 campos de fútbol. De una gravedad extraordinaria, que genera efectos contaminantes sobre el terreno y además alimenta a que otras empresas hagan lo mismo: comprar el suelo a precio de rústico y utilizarlo como si fuera industrial en contra del planteamiento y sin las infraestructuras necesarias en ese tipo de suelo industrial o de servicios entonces”.