El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, acompañado de la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, planteó esta tarde al Estado la necesidad de otorgar liquidez a las comunidades autónomas y corporaciones locales para afrontar las necesidades sanitarias, y de atención a familias y sectores económicos. En esa línea, esgrimió el anticipo de las entregas a cuenta del Sistema de Financiación y la flexibilización del uso del superávit de las comunidades autónomas y corporaciones locales para hacer frente al impacto económico del coronavirus.
Rodríguez participó en una videoconferencia con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y las secretarias de Estado de Hacienda, de Presupuestos y Gastos y de Economía, junto al resto de responsables autonómicos en materia económica y de hacienda,
El vicepresidente recordó durante su intervención que Canarias no sólo dispone de una importante bolsa de recursos bloqueada en el superávit presupuestario, que podría destinarse a paliar los negativos efectos económicos y sociales de la pandemia en las Islas, sino que precisa del anticipo de las entregas a cuenta previstas para el último trimestre del año en curso.
Respecto al uso del superávit, la ministra se comprometió a tratarlo bilateralmente con las pocas comunidades autónomas en esa situación. En cuanto a la financiación autonómica, Rodríguez señaló que los recursos de la actualización “cuantitativamente son poco relevantes para afrontar la parálisis de la economía y la caída de ingresos prevista”.
En similares términos se refirió a los 600 millones de euros, de los que 300 corresponderán al superávit de las corporaciones locales, para servicios sociales básicos que el conjunto de las administraciones públicas podrán utilizar para este fin.
El vicepresidente también incidió en la imperiosa necesidad de que se aceleren los suministros extraordinarios para el coronavirus que el Ministerio de Sanidad adquirirá de modo centralizado con una dotación de 1.000 millones de euros para todas las comunidades autónomas. Especificó que se trata de contar cuanto antes tanto con materiales de protección para el personal sanitario y los pacientes como de disponer de tests y ventiladores equipamientos pertinentes.
El también consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias señaló como clave una flexibilización de las reglas fiscales (déficit y endeudamiento) que permitiría a las comunidades incrementar el dinero para apoyar a las familias y a las empresas afectadas; pero la ministra le reconoció que por ahora no tiene la autorización de Bruselas.
En relación con las medidas anunciadas por el Gobierno español para las empresas, destacó el “esfuerzo notable” que se está haciendo, en particular en cuanto a la liquidez para el sector privado mediante los expedientes de regulación temporal de empleo, aunque subrayó la vulnerabilidad diferencial de Canarias ante la crisis del coronavirus, con un sector turístico que supone el 35% del PIB y el 40% del empleo total, “lo que da idea del impacto que tendrá para la economía la suspensión de esta actividad”.
