El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, propuso hoy al Parlamento de Canarias el impulso de una iniciativa legislativa ante las Cortes para establecer por ley el reparto de los menores inmigrantes no acompañados entre las distintas comunidades autónomas.
Rodríguez, durante una comparecencia para valorar la propuesta de Pacto europeo de Migración y Asilo, explicó que el Estatuto de Autonomía faculta al Parlamento de Canarias para presentar “directamente proposiciones de ley ante las Cortes Generales, de acuerdo con el artículo 87.2 de la Constitución”.
El vicepresidente insistió en la importancia de la unidad de acción en la sociedad canaria en torno al fenómeno migratorio y, especialmente, a la hora de demandar la solidaridad y el apoyo del resto de los territorios del Estado.
La iniciativa, una vez aprobada por el Parlamento de Canarias, será defendida en el Congreso y el Senado por los diputados que decida la propia Cámara autonómica.
Rodríguez consideró “determinante” que las diferentes administraciones diseñen políticas migratorias que transciendan la respuesta asistencial que se presta a los migrantes irregulares en el momento de su llegada y abarquen medidas para garantizar el máximo desarrollo económico y social posible de los países de origen.
“Canarias ha respondido siempre solidaria y responsablemente con los migrantes y lo seguiremos haciendo, pero las respuestas hay que darlas en todo momento, no solo cuando se produce un pico en las llegadas”, dijo.
El vicepresidente aseguró, en ese sentido, que el Pacto de Asilo debe ser el embrión de esa política común en materia migratoria, corrigiendo su actual enfoque “defensivo o de control” y estableciendo mecanismos para la corresponsabilidad entre todas las regiones europeas.
A este respecto, Rodríguez recordó que Canarias atiende actualmente a 2.800 menores no acompañados mientras que otras comunidades autónomas, como Madrid, solo han asumido la tutela de 200.
“En solitario no podemos asumir esta responsabilidad, porque no se trata solo de tener alimentados a esos chicos, sino de darles un proyecto vital y garantizarle las condiciones básicas de desarrollo personal”, dijo el vicepresidente, quien añadió también que Canarias va a mostrar idéntica solidaridad con los refugiados de Ucrania que le correspondan en la distribución que se realizará a nivel estatal.
Rodríguez realizó una valoración del Pacto de Migración y Asilo que se negocia en las instituciones europeas y, aunque señaló que es una buena iniciativa, echó en falta un enfoque transversal de un fenómeno “que va a determinar el futuro de la humanidad, porque va a seguir produciéndose”.
El vicepresidente demandó a este respecto una política europea de asilo e inmigración de carácter integral, que vaya más allá del mero control de fronteras y mire hacia el África Atlántica.
Consecuencias de la invasión
Por otro lado, Rodríguez dijo que la “maldita” invasión rusa de Ucrania tendrá indudables efectos en la economía a nivel mundial, especialmente por la inflación descontrolada, por lo que instó a los partidos políticos y agentes sociales a la firma de un pacto estatal de rentas para moderar los salarios privados y públicos y los beneficios empresariales.
En respuesta a dos preguntas parlamentarias, Rodríguez condenó la barbarie rusa en Ucrania, el hecho más grave desde la Segunda Guerra Mundial, y aseguró que el conflicto está dando la puntilla a una economía ya maltrecha por efecto de la pandemia.
Además, el vicepresidente se mostró partidario -como ha hecho en varias ocasiones- de intervenir en el mercado eléctrico de modo que se pueda poner fin a la incesante subida del precio de la luz, que está ahogando a muchas familias y empresas. Del mismo modo, apostó por desacoplar el gas del sistema energético.
Convenio de carreteras
En otro orden de cosas, Rodríguez se mostró convencido de que Canarias recibirá en 2023 los 200 millones de euros que aún le adeuda el Estado por las obras del anterior convenio de carreteras ejecutadas y no abonadas, tal y como se ha acordado con el Gobierno central.
Canarias ya recibió 100 millones en 2001 por este concepto y percibirá otros 200 este mismo año, en una partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado.
El vicepresidente señaló que, dado que las reglas fiscales podrían seguir suspendidas hasta 2023 debido al conflicto en Ucrania, el Gobierno de Canarias dispondría de esos recursos libremente y destinarlos a gasto corriente, tal y como ha ocurrido con el resto de libramientos. Y si no fuera así, se negociará para poder usarlos
En relación con las cantidades por las obras incluidas en el convenio no ejecutadas -unos 407 millones de euros- Rodríguez señaló que se incorporarán al actual acuerdo en materia de carreteras en sus dos últimas anualidades (años 26 y 27), en los términos del acuerdo alcanzando entre Nueva Canarias y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez.
