La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha acordado por unanimidad este lunes “insistir al Gobierno de Canarias para que cumpla con los compromisos en materia de vivienda”, explicó el máximo responsable municipal, José Manuel Bermúdez. “Deben asumir la responsabilidad de adquirir viviendas para que las familias más vulnerables de nuestra ciudad puedan acceder a un hogar”, detalló el alcalde.
El pasado 19 de mayo -hace casi 11 meses- se presentó en el Ayuntamiento una moción sobre la adquisición de viviendas para que familias chicharreras en situación de vulnerabilidad pudieran tener acceso a una casa, aprobándose posteriormente en el Pleno Ordinario de junio, “donde acordamos entre otras cosas que, a través de una mesa coordinada entre municipios y Gobierno canario, podamos identificar a las personas en situación débil y ofrecerles un techo digno donde vivir”, explicó el concejal de Viviendas Municipales de Santa Cruz, Juan José Martínez.
Además en dicha moción se instaba al Ejecutivo canario a iniciar cuanto antes el proceso de negociación con la entidad propietaria de las viviendas ubicadas en la subida de El Tablero, para obtener un precio justo y poder adquirir las viviendas a la entidad financiera titular de las mismas y que pasen a formar parte de vivienda pública protegida con el mismo fin social.
Diferentes vecinos y colectivos de esta zona del distrito Suroeste han trasladado en diversas ocasiones la inactividad de las medidas, y es por ello que el equipo de gobierno del Consistorio acordó reiterar la moción de junio de 2021 y “solicitar el cumplimiento de los compromisos adquiridos entre ambas instituciones”, comentó Martínez.
Además de lo exigido anteriormente, el concejal de Viviendas afirmó que “es importante que se lleven a cabo negociaciones con la entidad financiera propietaria de las viviendas de la subida de El Tablero, pero también debe repetirse el procedimiento con las viviendas del Edificio Alejandro, situado en Barrio Nuevo Obrero, en el distrito Ofra-Costa Sur”.
Asimismo, el Ayuntamiento chicharrero solicita retomar los trámites con el Consejo General del Poder Judicial que permitan que los juzgados comuniquen al Gobierno de Canarias, y este a su vez a los ayuntamientos, el inicio de un proceso de desahucio.