El primer teniente de alcalde y concejal de Bienestar Social de La Laguna, Rubens Ascanio, y la edil de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona, Lucía Martín, mantuvieron este lunes una reunión telemática para compartir sus experiencias y los problemas que están encontrando a la hora de hacer frente a la alta demanda de viviendas sociales. Un intercambio que tuvo un marcado carácter técnico al estar acompañados por el equipo profesional de las respectivas áreas locales y el consejero delegado de la empresa pública Muvisa, Ignacio Viciana.
Tras el encuentro, Rubens Ascanio destacó “lo enriquecedora que ha resultado esta cita entre ambas administraciones, ya que Barcelona es una de las ciudades españolas que está sufriendo con mayor intensidad la presión residencial y está sabiendo actuar en consecuencia. Sus políticas para atajar esta problemática nos sirven de ejemplo para uno de nuestros principales objetivos, incrementar las edificaciones de carácter público y social en el municipio, a la vez que este feedback permite a la capital catalana conocer nuestras ideas y buscar fórmulas de forma conjunta que ayuden a desbloquear las principales trabas”, explicó.
Con esa puesta en común de problemas técnicos y soluciones, “pretendemos acelerar los trámites para la puesta en uso de proyectos de viviendas sociales en los que ambos municipios estamos trabajando. La clave en el momento actual es lograr un amplio parque público y de alquiler social que ayude a las familias a resolver el riesgo de desahucio que corren o la ausencia de un recurso alojativo con condiciones adecuadas de habitabilidad”, manifestó el concejal.
El edil subrayó la “gravedad” que ha alcanzado esta realidad debido al “coste disparatado en alquileres y compras, las rentas bajas y la precariedad, las escasas políticas en este ámbito, la carencia de oferta disponible para destinarla a alquileres a precios reducidos o sociales y la falta de medidas legales que favorezcan el uso social de las viviendas vacías”. En el caso de La Laguna, recordó que hay más de 2.300 familias demandantes de vivienda pública en alguna de sus fórmulas, “y tenemos el deber de atender esta necesidad básica”, puntualizó.
Entre las acciones para frenar esa situación, el consejero delegado de Muvisa, Nacho Viciana, aludió al propósito de la empresa pública lagunera “de recuperar el próximo año su objeto social. Aparte del esfuerzo económico que realizará el Ayuntamiento y el Gobierno de Canarias para la promoción de viviendas sociales, como con la puesta en marcha del plan de rescate de recursos alojativos vacíos, Muvisa se ha marcado como meta el desarrollo de un sistema de construcción industrializada que permita edificar en el menor tiempo posible y a unos costes que sirvan para que las personas puedan acceder a la propiedad de sus casas a precios razonables”, sentenció.
