La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones de La Laguna ya ha fijado su pauta de trabajo tras la entrada en vigor de su reglamento. En el documento, publicado recientemente en el Boletín Oficial de la Provincia, se establece el funcionamiento y organización de este órgano local y los principios generales por los que se rige para “favorecer las condiciones, mecanismos y espacios para el ejercicio efectivo de un control eficaz de la Administración municipal al servicio de la ciudadanía”, según recoge la propia normativa reguladora.
La Comisión, constituida por las formaciones políticas con representación en el Ayuntamiento y el edil no adscrito, ha celebrado este jueves su primera sesión después de la formalización de esta disposición, un encuentro en el que se puso de manifiesto la satisfacción por la constitución de esta figura después de tantos años de retraso.
La inclusión en 2007 del municipio en la Ley 57/2003, conocida como de Grandes Ciudades, lleva aparejada la instauración de órganos democráticos como este. Sin embargo, fue en julio de 2019, tras la entrada del nuevo equipo de Gobierno, cuando el Ayuntamiento aprobó la configuración de hasta una docena de comisiones permanentes, entre las que también se encuentra la de Transparencia.
Desde entonces, el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, afirma que “hemos dado grandes pasos para, por fin, poder contar con este tipo de herramientas de contrapeso de poder, dirigidas a favorecer la atención de las demandas y necesidades de la ciudadanía, después de más de una década de demora”.
“La recuperación de La Laguna también pasa por su recuperación democrática”, subraya el regidor local, para posteriormente indicar que, gracias a la entrada en vigor del reglamento de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, “consolidamos una nueva vía de comunicación directa con las vecinas y vecinos para la mejora de nuestro municipio de una forma colectiva, con todos los partidos de la mano sin importar el color político, trabajando en equipo y con rigurosidad”.
La concejala Elsa Ávila ocupa la Presidencia de este órgano “completamente apolítico, que viene a ser un apéndice de la Diputación del Común y del Defensor del Pueblo en el ámbito local”. Como su máxima responsable, informa de que ahora se entrará en “una pequeña etapa de constitución” centrada en configurar “toda la estructura necesaria para ofrecer la mejor atención posible a la población”.
Aunque espera poder contar con todos los recursos “lo antes posible”, resalta que, “independientemente de eso, lo importante es que los vecinos y vecinas ya pueden recurrir a esta figura por cualquier vía del Ayuntamiento para la defensa de sus quejas, sugerencias, necesidades y, por tanto, de sus derechos. Cuando se sienta desatendido o desatendida por la Administración, me presenta la documentación y los pasos que ha dado y mi papel, como presidenta, será que el asunto llegue a un buen final con la menor fricción posible”, puntualiza.
El reglamento establece que las sugerencias y reclamaciones de la población deberán ser resueltas por la Comisión en unos plazos concretos: antes de 15 días deberá recibir la notificación respecto a la admisión o no a trámite; antes de tres meses hay que dar cuenta de las gestiones que se estén realizando con los diferentes departamentos; y, en seis meses como máximo, tiene que obtener una respuesta.