El juez titular del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife ha rechazado la solicitud de la empresa Sacyr de dejar sin efecto la orden del Ayuntamiento a la Empresa Mixta de Aguas (EMMASA) de cesar el pago de un canon a Sacyr referente al uso de la red municipal y cuya motivación ha sido puesta en duda por un informe municipal.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, ha indicado que esta decisión judicial “ratifica la decisión tomada por el actual equipo de Gobierno y los pasos que dados para dar luz sobre este asunto”. Por su parte, el concejal de Servicios Públicos y primer teniente de alcalde, Guillermo Díaz Guerra, ha explicado que el auto del juez “nos permite seguir con el procedimiento iniciado en febrero para iniciar los trámites que permitan a EMMASA recuperar los importes abonados desde 2007”.
Dice el juez en su escrito que la medida cautelar solicitada por Sacyr “no resulta procedente” pues no se ha logrado acreditar que concurran “los requisitos esenciales para la adopción de la misma”, como por ejemplo que la decisión administrativa “pueda producir un perjuicio de imposible o difícil indemnización”. Por esta razón concluye que “no ha lugar a la suspensión del acuerdo impugnado”.
El acuerdo adoptado en la sesión de Junta de Gobierno del 22 de febrero exigía a EMMASA que cesase de manera inmediata al abono de unos pagos anuales a Sacyr, acordados por la propia empresa en 2007, además de dar instrucciones a la empresa municipal de aguas para que iniciase las acciones oportunas para reclamar la devolución de dichas cantidades, más de 33 abonados indebidamente a Sacyr.
Este proceso se inició con el encargo en 2018 de una auditoría respecto a la situación financiera de la empresa de aguas, auditoría que derivó en 2019 en un primer informe municipal, que no encontró una razón justificada para el abono de dicho canon. Con posterioridad, el Consejo Consultivo de Canarias se posicionó en el mismo sentido.
Por tal motivo, la Junta de Gobierno aprobó el 22 de febrero dichos acuerdos, recurridos por Sacyr, pidiendo su suspensión cautelar, requerimiento que ha sido rechazado por el juez titular del citado juzgado.