La consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, convocó este viernes, 4 de septiembre, a los representantes del área turística de los siete cabildos insulares con el objetivo de estudiar medidas para hacer frente a la temporada turística de invierno 2020-2021, recuperando la consideración de destino seguro, para lo que será necesario bajar la cifra de incidencia del COVID-19 en las islas y, en paralelo, establecer mecanismos que ayuden a generar confianza en la demanda como es el establecimiento de test. Todos los representantes acordaron una unidad de acción para afrontar ambos objetivos y salvar la temporada.
La consejera estuvo acompañada por la viceconsejera de Turismo, Teresa Berástegui y la directora del proyecto Canarias Fortaleza, Cristina del Río, mientras que por los cabildos asistieron al encuentro el presidente de Fuerteventura, Blas Acosta; el consejero de Turismo de La Palma, Raúl Camacho; la consejera de Turismo de La Gomera, María Isabel Méndez; la consejera de Turismo de El Hierro, Lucía Fuentes Mesa; el consejero de Turismo de Lanzarote, Ángel Vázquez; el gerente del Patronato de Turismo de Gran Canaria Pablo Llinares y el consejero delegado de Turismo de Tenerife, David Pérez.
Yaiza Castilla puso de manifiesto en la reunión la necesidad urgente de revertir la situación de la incidencia de la pandemia de aquí a octubre para garantizar que los países emisores levanten sus advertencias a los viajes a las Islas y las exigencias de cuarentenas al regreso, y poder aprovechar la oportunidad histórica que se le presenta a Canarias de ser el único destino de sol de invierno con capacidad y con estándares sanitarios confiables para los europeos. Para ello, la consejera regional solicitó a los cabildos redoblar esfuerzos para, desde las respectivas competencias y capacidad de alcance, incidir en la bajada de los ratios de coronavirus, compromiso compartido por todos los representantes insulares.
Paralelamente, en la reunión los representantes de las instituciones públicas mostraron su disponibilidad a colaborar y asumir de forma compartida con el sector privado (turoperadores y empresas alojativas) el establecimiento de las pruebas para la detección y diagnóstico del COVID-19 a través de PCR u otro tipo de mecanismos de testeo que empiezan a aparecer en el mercado internacional que den la misma fiabilidad, pero mejorando los tiempos de obtención de resultados y el coste por prueba y para lo que se está en fase de obtener información de los distintos fabricantes de cara a valorar su adquisición.
La idea que se contempla es poder empezar a realizarlos desde octubre, al menos, con acuerdos a nivel privado con operadores turísticos, dado que no se cuenta con las competencias para establecerlo como obligación a toda persona que entre en las islas.
Según expuso Castilla, el Gobierno de Canarias continúa las negociaciones con el Estado para el establecimiento de estas pruebas a los viajeros y para lo que considera fundamental, por un lado, la implicación de AENA para que ponga a disposición el espacio en los aeropuertos para realizar estos testeos, y, por otro, los acuerdos entre Estados para que se practiquen los mismos en origen, mientras que las islas asumirían las pruebas en destino a la salida de los viajeros de forma que se mutualice el riesgo.
La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias mostró su confianza en lograr dichos objetivos, “pero la inminencia de la temporada alta canaria requiere que nos adelantemos con un plan B coordinado con los cabildos que nos ayude a generar confianza en la demanda y frente a los distintos gobiernos de países emisores”.
