Fidela Velázquez, alcaldesa de San Juan de La Rambla, acompañada por Javier González, asesor jurídico de la Alcaldía, ofreció este miércoles una rueda de prensa en la que argumentó qué sucederá en el futuro con la presidencia del Pleno del Ayuntamiento de su municipio después de haber recibido una sentencia de inhabilitación de ocho años para ejercer empleo o cargo público por presuntamente cometer delito de prevaricación al indemnizar con 4.220 euros al medianero de un terreno adquirido por el consistorio en 2005.
Velázquez manifestó que no dimitirá en ningún momento, ya que “existe una pérdida de confianza en uno de los socios de Gobierno y he asumido sus competencias, que son delegadas por la Alcaldía y yo, como alcaldesa, las he recuperado”, en referencia a concejales de ‘Sí se puede’, que recientemente han realizado manifestaciones públicas pidiendo su dimisión. El PSOE dirige el municipio gracias al llamado ‘pacto de la concordia’ junto a ‘Asamblea Unificada del Pueblo (AUP)-Sí se puede’, que lidera Juan Siverio.
La aún alcaldesa explicó que no abandonará su cargo porque “la sentencia aún no es firme, tiene condición cautelar y hemos pedido una serie de aclaraciones a la misma que aún no han sido respondidas, ya que tiene múltiples contradicciones”, avanzó, para añadir que “no es bueno que la administración se quede descabezada, ya que los trámites no paran y tiene que producirse un tránsito y ahora tengo que acelerar esos trámites lo máximo posible para que los proveedores, por ejemplo, puedan cobrar o se puedan pagar subvenciones o se pueda pagar a personas en condición de vulnerabilidad. Por ejemplo, tras elecciones, hay un tránsito de casi un mes hasta que se constituye un nuevo Gobierno y se hace así porque si hay una sustitución del Gobierno todo debe estar ordenado”. Mostró su desconfianza sobre quién podría sustituirla. “No sé quién podría ser el nuevo alcalde, si lo supiese ya estaría fuera, pero ahora se reeditan o no los pactos; a mí me gustaría que se reeditaran, pero ¿y si no sucede? Es verdad que me podría ir ya, pero las cosas tienen su orden”.
“Aparte de alcaldesa soy funcionaria, así que tengo una condición de servicio público acreditada durante más de cuarenta años. Yo podría haber renunciado a mí pensión de treinta mil euros y haber cobrado el salario de la Alcaldía, pero desde diciembre de 2011 no lo cobro y el Ayuntamiento de San Juan de la Rambla está en los límites legales de hasta cuarenta y seis mil euros de salario de alcalde. Soy una jubilosa jubilada, pero yo no dependo de ese salario, así que el único espíritu que tengo por permanecer en el sillón de la Alcaldía es el servicio público. Yo no me voy a aferrar al sillón de la Alcaldía, pero estoy defendiendo el derecho que me corresponde según la ley y a tener los derechos que la Constitución otorga. He aceptado ese posible recurso de medida cautelarísima para dilucidar si se vulnera algún tipo de derecho con esta sentencia”, recordó sobre su situación particular.
“Una vez que llegue la aclaración de la sentencia y todos sus trámites complementarios, se producirá un Pleno donde yo no dimitiré, pero en el que la secretaría del Ayuntamiento declarará mi incompatibilidad a ejercer el cargo y, a partir de ahí, empezarán los plazos. Hemos pedido a la Junta Electoral una orientación para saber cómo proceder con esos plazos y quién me tiene que sustituir no sólo como alcaldesa, también como concejal. No sabemos si esa persona tendrá ya el acta o a partir de ahí empiezan a correr los plazos para sustituir la Alcaldía en un Pleno de elección de alcalde. Eso lo tiene que comunicar la Junta Electoral. ¿Cómo será el futuro? Pues hay una parte que ya he explicado que me gustaría, que es que siguiera la paz social en San Juan de La Rambla, pero podría pasar otra cosa. ¿En cuánto tiempo podría suceder esto? No lo sé, porque la aclaración a la sentencia la pedimos exactamente hace siete días, el miércoles de la semana pasada, y aún la estamos esperando. Cuando termine el proceso tendrá que ser lo que sea”, detalló sobre el futuro inmediato de qué sucederá con la Alcaldía municipal.
“Cuando se declare la incompatibilidad me iré a mi casa a disfrutar de la nieta que tengo aquí, ya que la otra la tengo en Valencia”, expresó para cerrar su intervención.
Presentará recurso a la sentencia.
“El día 4 de noviembre interpusimos un recurso de aclaración de la sentencia, ya que en el artículo 42 del Código Penal se transcribe que las sentencias privativas de derecho deben fundamentar el alcance de la privación, su limitación o inhabilitación. Aún no hemos recibido resolución de este recurso por parte del Juzgado de lo Penal. La sentencia no firme no puede desplegar los recursos que tiene que desplegar hasta que la resolución de la aclaración no se notifique a la alcaldesa”, comenzó explicando el asesor jurídico de la alcaldesa sobre los motivos por los que aún puede continuar en el cargo. “Cuando llegue la sentencia definitiva también vamos a interponer un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial”, advirtió a continuación.
“Respecto a la sentencia, sorprende sobre la testifical del secretario que no intervino en el expediente administrativo relativo al pago a don Pedro Vargas. También sorprende que se omita por parte de la juzgadora que el decreto de las gratificaciones no se llegó a abonar, se guarda silencio en la sentencia sobre el particular. Esto es muy importante porque no existe la tentativa de prevaricación y el tipo que se ha aplicado es el de prevaricación continuada y no puede existir esa tentativa basándose en unos derechos a los trabajadores”, detalló sobre parte de la sentencia y los motivos por los que se ha solicitado una aclaración a la misma y recurrirán próximamente.
“Se pueden estar vulnerando dos artículos de la Constitución Española. El 23.2, que tiene que ver con el derecho de sufragio pasivo y en este caso lo es en ejercicio, porque la alcaldesa fue elegida en elecciones en 2019, y el 24.2, a efectos de la presunción de inocencia, que no se destruye hasta que la sentencia no es firme y ahora mismo no lo es”, consideró sobre la sentencia.
Sentencia de inhabilitación de ocho años.
Fidela Velázquez ha sido condenada a ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público por cometer un delito de prevaricación al indemnizar con 4.220 euros al medianero de un terreno adquirido por el Ayuntamiento de San Juan de La Rambla en 2005, en contra del criterio del secretario y del interventor del Consistorio, y por aprobar un decreto de pago a trabajadores municipales por horas o servicios extraordinarios sin seguir el procedimiento establecido, según recoge una sentencia del Juzgado de lo Penal Número 3 de Santa Cruz de Tenerife.
Esta sentencia también condena a siete años de inhabilitación a Cayetano Silva, exedil y exdirector insular de Seguridad del Cabildo de Tenerife y presidente del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Tenerife, ya que dimitió el pasado viernes día 6. Además con siete años también se ha condenado a Víctor Manuel García, exconcejal y actualmente retirado de la vida política.
