El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha ordenado este miércoles la paralización de las obras que se están llevando a cabo en los acuartelamientos de Las Canteras y de Las Raíces, al no contar con la pertinente licencia municipal, ni constar en el Ayuntamiento ningún expediente relativo a estas actuaciones.
El concejal de Ordenación del Territorio, Santiago Pérez, ha firmado sendas resoluciones ordenando al Ministerio de Defensa, en su condición de promotor-propietario, la inmediata paralización de las obras que se ejecutan en ambos recintos para el alojamiento de 1.800 y 1.450 personas migrantes, según se ha tenido conocimiento por los medios de comunicación.
Por un lado en el Cuartel de Las Canteras, se están llevando a cabo “obras de desbroce, limpieza y movimiento de tierras con una retro [excavadora] de cadenas, en la parte izquierda de la parcela, con destino a realizar instalaciones para albergar a personas migrantes”. En el acuartelamiento de Las Raíces se están realizando, entre otras obras, actuaciones de albañilería, fontanería y electricidad en el edificio central, así como el asfaltado de la antigua zona deportiva del recinto.
En ambos casos, para garantizar la total interrupción de las obras, en el mismo acto de la notificación se procederá al precinto de las mismas. La resolución ha sido comunicada al Ministerio de Defensa a través de la Subdelegación de Gobierno.
“El Ayuntamiento de La Laguna ha constatado, a través de sus servicios de inspección urbanística, que se están realizando actuaciones en dos acuartelamientos ubicados en nuestro municipio”, ha explicado Santiago Pérez, recordando que esas intervenciones, “que además de necesitar licencia o autorización urbanística, están encaminadas a un uso no previsto y no compatible con la ordenación de nuestro municipio”.
El concejal de Ordenación del Territorio aclara que “La Ley estatal del Suelo prevé que en circunstancias de emergencia, el Gobierno de España pueda realizar este tipo de actuaciones, pero cuando requieran licencia urbanística es necesario remitir el proyecto al Ayuntamiento para que este informe en el plazo de un mes sobre la compatibilidad, o no, de los usos previstos y de las obras a realizar con el planeamiento general del municipio. Y en este caso, no son compatibles. Si el Gobierno de España persiste en su decisión de ejecutar estas obras, tiene que iniciar un procedimiento para la modificación del planeamiento, previo informe del Gobierno de Canarias”.
Santiago Pérez ha subrayado que “el grupo de Gobierno de La Laguna tiene una clara orientación y compromiso progresistas y respalda firmemente al Gobierno de España”, recordando que “las fuerzas políticas representadas en nuestro Ayuntamiento han firmado un acuerdo institucional por unanimidad por el que se reafirma el compromiso del municipio como un lugar abierto y de acogida”. De hecho, ha precisado el edil, “antes de la firma de ese acuerdo, el alcalde de La Laguna ofreció al Ministerio de Defensa varias ubicaciones alternativas para poder participar también nuestro municipio en la acogida de la población migrante, de acuerdo con un criterio de solidaridad, y evitando así el recurso de grandes macro centros para personas, en los que no creemos”.
“Sin embargo, estamos en un estado de derecho, profundamente descentralizado, cuyo funcionamiento depende de que las administraciones y los poderes ejecutivos actúen de conformidad con la Constitución y las leyes, respetando las competencias que corresponden a entidades territoriales, como son las comunidades autónomas o los ayuntamientos”, ha explicado.
Santiago Pérez ha insistido en que la legislación canaria permite a los ayuntamientos autorizar con carácter provisional y discrecional usos que no sean compatibles con la ordenación urbanística del municipio. “A ello está dispuesto el Ayuntamiento de La Laguna si esa es la vía que prefiere elegir el Gobierno de España, pero pedimos que la acogida de migrantes de nuestro municipio responda a un principio de equidad en la distribución de esas personas en el territorio de toda nuestra comunidad autónoma. El mismo principio de equidad que las autoridades canarias están exigiendo con respecto al resto del país y con respecto a los territorios que integran la Unión Europea”.