“La Justicia al fin ha sido realmente justa. Ha entendido que nunca hubo mala fe en el cumplimiento de la deuda con un agricultor del municipio y que el pago al citado medianero no era más que saldar un compromiso histórico y heredado que, de no haberse pagado, sí suponía un delito real que propiciaba el enriquecimiento ilícito de la administración”, con estas palabras, la ex alcaldesa de San Juan de la Rambla Fidela Velázquez defendió en rueda de prensa el buen hacer de su gestión al frente del Consistorio.
Velázquez decidió, en 2011, corregir una gestión realizada en su día por el anterior alcalde, Manuel Reyes, y de esa forma dar por cumplido el compromiso que el Ayuntamiento firmó con el Pedro Vargas, a quien compró los terrenos que él sembraba dejándole de esa manera sin su principal sustento.
El proceso de ese pago fue denunciado entonces y acabó por derivar en la condena e inhabilitación a Velázquez, y que ahora ha sido revisada a su favor. En este sentido, la ex alcaldesa afirma: «La Justicia ha sido clara. Entre la Administración y Vargas existía un contrato que no había prescrito y que, a todas luces se había incumplido. El Ayuntamiento mantenía retenido un dinero que pertenecía al agricultor y que se negaba a pagar, incurriendo en un fraude que sí tenía implicaciones penales”.
Tanto Velázquez como el actual alcalde ramblero, Cayetano Silva, subrayaron el grave error de dos de los funcionarios públicos que estuvieron implicados en llevar este caso ante la Fiscalía. “Sobre esto los Tribunales también han sido claros. Ponen de manifiesto la ejecución de una mala praxis de los funcionarios citados. Queremos pensar que fue un error administrativo y no un error intencionado bajo el paraguas de la mala fe. De ser así, sería tan vergonzante para el pueblo ramblero que no merecerían ni el respeto, ni la buena voluntad que caracteriza a nuestra gente”.
En este sentido, la ex alcaldesa socialista puso sobre la mesa su intención de “llegar hasta el final con el último eslabón de una cadena de infamias y calumnias que han ido cayendo una tras otra. Hemos presentado ya un recurso de tasación para demostrar que mantener la acusación por la firma de un decreto de pago de horas extras a empleados públicos que nunca llegó a ejecutarse, no es más que una contradicción en sí misma. Se juzga la intencionalidad, lo que es ilógico desde su base pues no hay delito que juzgar”.
Por otra parte, la formación socialista ramblera también pidió a la oposición «que dedique unos minutos, o unas horas –según la capacidad de cada uno-, a reflexionar sobre la política que están realizando. La Justicia no está para regañar a adultos que se comportan como niños caprichosos en un patio de colegio. La Justicia está para otra cosa. La confianza de los vecinos se consigue trabajando, no con pataletas y denuncias torticeras. Nuestra Villa se merece una política de altura, no este tipo de acciones, pues no hay necesidad de que venga la Justicia a ponerles la cara colorada. Aún están a tiempo de hacer las cosas bien. Les recomendamos empezar por entonar el mea culpa y el perdón», manifiestaron los socialistas en nota de prensa.
