El Cabildo de Tenerife ha implantado la firma electrónica de documentos entre todo el personal de la corporación insular y la ciudadanía, las empresas o el personal de otras administraciones, con el fin de agilizar los procedimientos de todo tipo que se generan, entre ellos, los contratos de servicios y suministros que se formalizan con empresas, pymes y autónomos, o los convenios de colaboración que se suscriben con los ayuntamientos.
La vicepresidenta del Cabildo y consejera de Presidencia, Hacienda y Modernización, Berta Pérez, explica que esta actuación, ya prevista en el Plan de Modernización de la corporación insular, se ha anticipado ante las medidas excepcionales de limitación de la movilidad por la crisis de la Covid-19. El área de Modernización, que dirige Daniel González, lleva algún tiempo trabajando para sacar adelante esta iniciativa como parte de los proyectos que integran el Plan de Transformación Digital insular.
“Esta firma electrónica generalizada nos va a permitir no solo evitar desplazamientos hasta la sede del Cabildo, sino algo que es muy importante, agilizar todos los procedimientos que mantenemos con empresas, personas físicas o entidades públicas y privadas, de manera que las actuaciones que se deriven de ellas podrán tener una respuesta mucho más rápida.
Berta Pérez pone como ejemplo de quienes se pueden beneficiar de esta medida, una pequeña empresa o un autónomo que deba firmar un contrato para dar servicios al Cabildo o un convenio a suscribir con un ayuntamiento para financiar actuaciones de mejora del saneamiento en las calles del municipio. En ambos casos, la firma electrónica permitirá que los trabajos se inicien más rápidamente, se terminen en menos tiempo y que los proveedores puedan cobrar en un plazo más breve.
Según destaca la consejera, el procedimiento es sencillo. El Cabildo de Tenerife remitirá al ciudadano, empresa o entidad un enlace al portafirmas corporativo para que pueda acceder al documento y firmarlo. El sistema permite aplicar a estos documentos electrónicos las medidas de seguridad e integridad exigibles por la normativa.
