Los populares portuenses se oponen rotundamente al acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado 31 de marzo, que ha propuesto al Ministerio de Justicia que los asuntos relativos a la violencia sobre la mujer acaecidos o con víctimas con domicilio en Puerto de la Cruz sean conocidos por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Santa Cruz de Tenerife, ubicados en el Palacio de Justicia de la Avenida Tres de Mayo.
Consideran que esta opción iría totalmente en contra de los intereses de la ciudadanía y, en especial, de las mujeres víctimas de violencia, ya que, según argumenta la formación popular en nota de prensa, parece evidente que se perjudicará notablemente a las que deberán trasladarse hasta Santa Cruz de Tenerife a primera hora, ya que deberan soportar las enormes retenciones de la autopista TF-5 y además, en muchos casos, buscar medios para desplazarse hasta unos Juzgados que, además de no caracterizarse por tener los mejores medios para ofrecer a las víctimas, y se verán absolutamente sobrecargados de trabajo, ya que también se ha propuesto que conozcan de los asuntos de los Partidos Judiciales de San Cristóbal de La Laguna y Güímar, además de los propios de la capital.
Desde el Partido Popular en el Puerto de la Cruz se afirma que esta medida, en lugar de contribuir a disminuir la afectación psicológica, supondrá una carga mayor que se le va a imponer a quien ya de por sí tiene serias dificultades para denunciar. Esto supondría empeorar la doble victimización (también conocida como victimización secundaria), ya que no es únicamente el handicap del desplazamiento, sino que alejaría a las víctimas de aquellas instituciones que podrían prestarle apoyo, tales como los Servicios Sociales municipales o, incluso, policiales.
Para el presidente de los populares en la ciudad turística, Ángel Montañés, “resulta ciertamente grave que la medida más drástica para las mujeres en lo que va de mandato haya sido desconocida por la responsable de la mujer del Ayuntamiento, más preocupada por gastarse el dinero de los portuenses en camisetas violetas, que por políticas verdaderamente importante para las mujeres”. Por esa razón, el Partido Popular ha formulado una propuesta para que el Ayuntamiento portuense inste al CGPJ a reconsiderar su postura, así como comunicar su firme oposición a esta medida al Ministerio de Justicia, al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, así como al Gobierno de Canarias.
Por último, desde el Partido Popular se recuerda que no se ha tenido en cuenta que el Partido Judicial de La Orotava cuenta con un Juzgado especializado que, si bien no es de competencia exclusiva, sí que la tiene para atender a las víctimas de violencia sobre la mujer desde San Juan de La Rambla hasta La Matanza de Acentejo, por lo que no parece ni razonable, ni coherente que las de Puerto de la Cruz en lugar de ser atendidas en La Orotava, por ejemplo, tengan que desplazarse para ello hasta Santa Cruz de Tenerife.
